Juan Manuel Rodríguez Valadez, docente universitario de la Unidad Académica de Derecho, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), explicó que el gobernador David Monreal Ávila podría tener problemas administrativos y penales, “en caso de no hacer un proceso adecuado para reasignar fondos al pago magisterial”.
Esto luego de que Monreal Ávila anunciara que tomaría recursos económicos destinados a obras públicas, salud, educación y desarrollo social para pagar la segunda y tercera quincena del año a los maestros de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El gobernador estaría violando el artículo 223 del código penal federal, correspondiente al delito de peculado en su fracción IV (4), que a la letra dice:
“Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó”.
Las sanciones por este hecho llegan a ser de tres meses hasta 14 años de prisión y de 30 hasta 150 días de multa. Además, en el caso de que los recursos, materia del peculado, sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas.
Sin embargo, Rodríguez Valadez insistió en que es necesario esperar a la presentación final de cómo habrán de distribuirse los recursos económicos, “porque si no es muy pulcro podría caer en los supuestos, pero hay procedimientos administrativos para llevarlo a cabo o un crédito puente”.
Advirtió que lo más riesgoso sería que sus asesores no prevean esta condición y realicen los procedimientos de manera inadecuada, “más cuando el gobernador está dando muestras a grito batiente de querer pagar a los maestros, así que es importante esperar en su momento la justificación”.
