La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad modificaciones a la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto para el ejercicio fiscal de 2022 para afrontar el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados por 4,913 millones de pesos.
Con los ajustes, la Cartera de Proyectos tendrá un total de 2,839.91 millones de pesos (2,849.25 millones de pesos menos que lo solicitado) y para la realización de una eventual Revocación de Mandato -en caso de que así lo solicite la ciudadanía-, se incluye un presupuesto de 1,275.9 millones, recursos que no son suficientes para organizarla como lo establecen la Constitución y la ley secundaria.
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, dejó en claro que el Instituto ha hecho un esfuerzo de cancelar proyectos y generar ahorros, porque de entrada los recursos son insuficientes y “el INE no tiene condiciones financieras para poder cumplir con lo que dice la ley para la realización de un ejercicio de participación ciudadana, como es la Revocación de Mandato”.
En sesión extraordinaria, anunció que este viernes planteará ante el Consejo General, para su discusión y aprobación, que se puedan generar recursos adicionales por 227.1 millones de pesos.
“Con ello, el INE habrá hecho un esfuerzo para generar mil 503 millones de pesos, para que puedan ser utilizados en la eventual realización de una Revocación de Mandato”. Empero agregó Córdova, “todavía habrá un faltante de 2,327 millones de pesos; es decir, a pesar de los esfuerzos que hará esta autoridad, vamos a tener, apenas, capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que va a costar ese ejercicio”.
Detalló que la Cámara de Diputados hizo un recorte al presupuesto 2022 solicitado por el INE de 4,913 millones de pesos, por lo que para una posible Revocación de Mandato sólo quedaron 830.5 millones de pesos; sin embargo, este ejercicio “tiene un costo, si se cumple lo que lo que dice la ley, del orden de 3,830.45 millones de pesos, esto quiere decir que le generó un déficit del orden de 3,000 millones de pesos”.
Agregó que por ello, el INE presentó una Controversia Constitucional para que la Suprema Corte de Justicia resuelva si el Instituto debe realizar la Revocación de Mandato con la tercera parte del presupuesto necesario.
“El tamaño del boquete es tan grande que, por mucho que hagamos, no vamos a juntar el dinero necesario para hacer una Revocación de Mandato como lo manda la ley, y esto lo tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia, dijo.
“Si dice que lo tenemos que hacer con los 1,500 millones de pesos que logramos fondear pues, lo digo de una vez, vamos a hacerlo, pero no vamos a cumplir lo que dice la ley. O la otra, que es lo que yo espero que diga la Corte, es que la facultad soberana de decidir el presupuesto también tiene límites, porque la Cámara de Diputados no es un órgano constituyente, es un órgano constituido y su obligación es fondear el presupuesto, pero garantizarle a los demás órganos del Estado las condiciones materiales para que se cumpla lo que siga la Constitución”.
Córdova Vianello, calificó la situación de “inédita pero grave”, porque por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados colocó al Instituto Nacional Electoral en una situación en la que, por la falta de recursos, están en entredicho la realización de sus funciones constitucionales y el ejercicio de las y los derechos de quienes quieran instrumentar la primera Revocación de Mandato de nuestra historia.
Los costos de operación definidos por las atribuciones que obliga la Constitución
El Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, recordó que el costo regular del Instituto está definido por el legislador a través de la ley que establece que deben existir 332 oficinas en todo el país e incluso se detalla la estructura con la que deben operar.
“Los costos de operación de la institución están predeterminados de manera sustantiva por las mismas disposiciones constitucionales y legales”, afirmó al recordar que desde la elaboración del Proyecto de Presupuesto se realizó un ejercicio de austeridad, conscientes del contexto social que prevalece.
Agregó que de igual forma el presupuesto contempla todas las atribuciones que se le han conferido al INE a lo largo de los años, incluido el costo de la credencial para votar, instrumento privilegiado de identidad en el país, y que se expide gratuitamente cada año a 16 millones de ciudadanos, así como la realización de elecciones en seis entidades.
El Secretario Ejecutivo aprovechó para referir que el ajuste al presupuesto ya considera los 13 millones de pesos necesarios para que el Registro Federal de Electores continúe con la verificación de las firmas ciudadanas para una eventual Revocación de Mandato y que tiene que contemplar una revisión de formatos físicos, lo que es más costoso.
Recorte representa un 26% de presupuesto operativo del INE
La Directora Ejecutiva de Administración del INE, Ana Laura Martínez, mencionó que la reducción hecha por la Cámara de Diputados de 4 mil 913 millones de pesos al Anteproyecto de Presupuesto aprobado por el Consejo General, “es el monto más alto de reducción que ha sufrido el INE lo que lo coloca ante una situación presupuestal crítica ya que representa un 26% de presupuesto operativo”.
La Cartera Institucional de Proyectos puesta a consideración de este órgano colegiado, detalló, “es por un monto total de 2 mil 839 millones 909 mil 930 pesos, de los cuales se incluye un presupuesto de mil 275 millones 900 mil pesos para proyectos asociados con la Revocación de Mandato”.
El Contralor General, Jesús George Zamora, reconoció el ejercicio de racionalidad y austeridad hecho por el INE en el ejercicio del gasto, pero sobre todo, la posibilidad de reducir el presupuesto en casi 800 millones de pesos.
“Significa que los servidores públicos de la institución en aras del principio de eficiencia dan muestra de ser más eficientes” y enfatizó las facultades que tiene tanto el Consejo General del INE y los órganos colegiados, como esta Junta General Ejecutiva, respecto a la autonomía presupuestal que tiene para para priorizar en donde se deben de ejercer los recursos.
“Con independencia del monto aprobado por la Cámara de Diputados, ésta no puede decir en qué debe gastar el Instituto Nacional Electoral”, y de ahí deriva, explicó, la propuesta de la Comisión Temporal de Presupuesto y la de la Junta General Ejecutiva.
El Contralor reconoció la facultad que deriva de la autonomía del Instituto que puede decidir el ejercicio del gasto con economía y eficiencia.