Habitantes de las comunidades que se ubican en el valle de Ocotlán, Oaxaca denunciaron que autoridades agrarias y municipales los están obligando a firmar para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) niegue un nuevo permiso de impacto ambiental a la Compañía Minera Cuzcatlán.
Estos hechos se han denunciado en municipios como Magdalena Ocotlán, donde el presidente municipal Pedro Máximo Aquino Méndez y la secretaria del ayuntamiento, Berenice Aquino Méndez, están presionando a la población para dar su firma. Ellos, con el apoyo de sus hermanos Roberto Feliciano y Anselmo Aquino, presidente y secretario del comisariado ejidal colectan las firmas de los pobladores.
También en la agencia municipal de los Ocotes, perteneciente a Ejutla de Crespo, se está realizando la misma práctica en el que los comuneros temen represalias en caso de no acceder a la petición de las autoridades.
En los Ocotes, localidad ubicada a una distancia aproximada a dos kilómetros de San José del Progreso, los habitantes denunciaron que el encargado de recolectar las firmas es el representante del Consejo de Vigilancia, Carlos López Jarquín.
En Magdalena Ocotlán, el presidente del Comisariado Ejidal, Roberto Feliciano Aquino Méndez y el presidente del Consejo de vigilancia, Francisco Pérez Cosme están solicitando las firmas mediante un formato que aseguran fue entregado por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que está a cargo de María Luisa Albores González.
“Estamos preocupados con lo que pretendan hacer con nuestras firmas, porque no solamente piden la credencial de elector, también están pidiendo la CURP, pensamos que están incurriendo en algo malo porque esos documentos se prestan a pensar en otras cosas”, señalaron los denunciantes.
Comentaron que desde hace más de 30 días, el representante del Consejo de Vigilancia está visitando la gente casa por casa. “En otras comunidades se oye que están pidiendo solamente firmas, pero esta persona está pidiendo estos papeles para ocuparlos supuestamente para que ya no le den la extensión al contrato de la minera”.
Los ciudadanos también dieron a conocer que las autoridades los amenazan que en caso de no acceder a entregar sus documentos o las firmas, serán sancionados y se les negará la entrega de algún trámite que requieran o de apoyos por parte del gobierno federal que reciben a través de las autoridades locales.