CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emprender acciones legales contra las reformas recientemente aprobadas en materia educativa.
«Los proyectos de ley aprobados son anticonstitucionales, una regresión autoritaria, redundantes, contradictorios, centralistas y contradicen el federalismo educativo», acusó el coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks.
«El contenido de proyectos atenta contra la Rectoría del Estado y fomentan la discrecionalidad y la corrupción».
Según el panista, las leyes secundarias avaladas por Morena y sus aliados, y que serán discutidas en el Senado, podrían provocar retrocesos, ya que establecen disposiciones a modo para un grupúsculo sindical, en detrimento del derecho a la educación de 32 millones de mexicanos inscritos en los niveles educativos básico, medio superior y superior.
«Mientras los proyectos aprobados tienen un espíritu corporativista que atenta contra la rectoría del
Estado, fomenta la discrecionalidad y la corrupción. No nos confundamos: los maestros de México no son su sindicato», aseveró.
En un comunicado, los diputados Marcela Torres Peimbert, Alfonso Robledo, Isabel Guerra, Annia Gómez Cárdenas y Felipe Fernando Macías coincidieron en que tras lo aprobado ni siquiera se consideró el impacto presupuestal de las reformas.
«Se desconoce cómo se garantizará la educación inicial y superior sin destinar recursos adicionales, ni tampoco cómo se va a construir el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización para garantizar a los maestros su derecho a la formación continua», aseveraron.
Criticaron el desmantelamiento del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, ya que el Estado evade con ello la obligación de garantizar la seguridad en las escuelas y delega la responsabilidad de la construcción a padres de familia, docentes y alumnos, con el riesgo de incurrir en errores graves que podrían ser fatales.
Denunciaron que la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es ambigua pues otorga a la SEP federal atribuciones discrecionales para decidir sobre los procesos de selección, promueve la opacidad, los acuerdos discrecionales y viola los principios establecidos en la Constitución Política.
«En este mismo proyecto se propone otorgar pase automático de las normales al Sistema para la Carrera, sin que medie una evaluación general, violando la transparencia e imparcialidad de los procesos de selección y demeritando las evaluaciones diagnósticas», agregaron.
