COIDIJ y REDIM hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Jalisco a realizar investigación profunda e imparcial en el caso del abuso sexual de niñas y niños en un kínder en Chapala
Nos referimos a los hechos ocurridos en el Kinder “Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo” en la comunidad de San Nicolás de Ibarra, en el municipio de Chapala, Jalisco, en donde más de 10 niñas y niños fueron víctimas de abuso sexual por parte del personal docente. El Colectivo de Organizaciones e Instituciones por los Derechos de la Infancia en Jalisco (COIDIJ) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) exigimos a las autoridades brindar apoyo, atención y acceso a la justicia para las familias y las víctimas, en este caso niñas y niños en su primera infancia.
Según la información entregada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, se han emitido 30 recomendaciones relacionadas a violaciones a derechos ocurridas por parte de personal educativo durante 10 años.
La mitad corresponden a situación de abuso sexual infantil, de los cuales solo 4 han derivado en formal prisión. Esto representa una preocupación sustancial porque ante este tipo de delitos, no solo es importante asegurar el acceso a la justicia, sino también que no exista plazo de prescripción en relación con las sanciones y con los casos de abuso sexual infantil tanto para los autores como a los cómplices.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de los Estados (INEGI 2016), Jalisco ocupa el octavo lugar con el mayor número de víctimas de delitos sexuales (2,325). El 60 por ciento de las víctimas de delitos sexuales (1,416) tenían entre 0 a 19 años. En el rango de edad de los 15 a 19 años, el 90 por ciento de las víctimas fueron adolescentes mujeres.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala en el Artículo 48 que en situación de abuso sexual deben implementarse protocolos adecuados de atención que consideren su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, para la protección y asistencia, así como la reparación integral del daño.
Las autoridades deben considerar como eje de la atención y la investigación el interés superior de la niñez, además de otorgar atención inmediata y adecuada a las niñas y niños y familias que lo requieran.
En este sentido, recordamos que el estado mexicano debe atender las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño (ONU) que en materia de Explotación y abusos sexuales emite en la observación general N° 33: “la preocupación sobre los esfuerzos insuficientes para identificar, proteger y rehabilitar a niñas y niños víctimas, así como por el aumento de casos de violencia sexual en centros de educación” y en la Observación N° 34 insta al Estado mexicano a:
34 (c). Establecer mecanismos, procedimientos y lineamientos para asegurar que se informen obligatoriamente los casos de abuso sexual y de explotación infantil, y asegurar la disponibilidad de mecanismos de denuncia amigables para niñas y niños, en particular en las escuelas.
En este marco, en COIDIJ y REDIM exigimos a:
1. Las autoridades correspondientes atiendan a la brevedad todas las observaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en materia de Explotación y abusos sexuales. De igual forma, deberán crear el Protocolo para la atención de niñas y niños víctimas de abuso sexual, en el que se aseguren servicios y recursos de calidad para procurar la recuperación física y psicológica de niñas y niños así como su reintegración a la sociedad.
2. La Fiscalía General del Estado, acorde con el artículo 1°, fracción III de su Ley Orgánica, cumpla con su atribución de “investigar todos los delitos del orden local y concurrentes y perseguir sus presuntos responsables ante los tribunales; con el objeto de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.
3. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, brindar todas las garantías de apoyo psicológico, protección y tratamiento a las niñas y niños afectados, así como coordinarse de manera efectiva con la Dirección de víctimas de la Fiscalía. Asimismo, recordamos que la restitución de los derechos de las niñas y niños víctimas de estos delitos, debe ser de carácter inmediata e integral, acorde a lo señalado en la Guía práctica para la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, elaborado por UNICEF y el DIF Nacional.
4. La Fiscalía General que brinde protección y seguridad a las familias víctimas, así como, abrir líneas de investigación por la posible omisión de autoridades de la Fiscalía Regional ante las denuncias realizadas desde abril y la posible participación de otros maestros y complicidad de directivos.
5. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (SEJ) a crear e institucionalizar procedimientos para prevenir, detectar y proteger a niños, y niñas de cualquier tipo de violencia.
6. Las autoridades correspondientes investigar a profundidad el caso y deslindar responsabilidad de las autoridades en toda la cadena de mando, separar del cargo a quienes puedan estar vinculados con el hecho delictivo, así como identificar si los hechos están vinculados con redes de pornografía que operen por grupos delictivos transnacionales y penalizar a las o los responsables implicados.
Asimismo, hacemos un llamado al cuidado profesional y humanitario para que los procesos de peritaje en todos los casos, sean objetivos, sin criminalizar y/o revictimizar a los niños y niñas, ni a sus familias. Para nosotros es de suma importancia dar seguimiento a este caso y asumimos el compromiso de hacerlo.