La Ley de Estacionamientos Públicos del Estado de Zacatecas, publicada en 2015, tiene el objetivo de proteger a los usuarios de este servicio contra daños y robos en los vehículos, pero no se aplica “debido a que no se cuenta con un reglamento”, admitió el alcalde capitalino, Alfredo Salazar de Santiago.
“Lo que hace falta es trabajar en el reglamento en lo particular, para verificar qué partes se necesita reglamentar y así tener pláticas con los dueños de los estacionamientos”, explicó.
Sin embargo, el presidente municipal no justificó porqué se discutiría la norma con los propietarios de estos negocios, pues la legislación ya fue validada por los diputados locales.
La ley establece las obligaciones de los dueños de los estacionamientos, entre las que destaca, en el artículo 5, que “el prestador de servicio responderá civilmente por la sustracción o daño al vehículo, sus accesorios o los objetos que se encuentren en el interior, siempre y cuando tales objetos hayan sido señalados por el usuario al momento de depositar su vehículo”.
Para ello, el negocio debe tener un seguro que garantice “la guarda, custodia y devolución de los vehículos, así como de sus accesorios y objetos que contengan”.
Además, en la norma se resalta la importancia de recibir un comprobante al momento de entregar un automóvil, pues “en caso de robo total o parcial de los vehículos o de daños en caso de siniestro, este boleto será su póliza de seguro”.
Sin embargo, los derechos de los usuarios aún no pueden ser defendidos. Salazar de Santiago sentenció que es imposible obligar a los dueños de estos negocios a acatar esta legislación y que no serían castigados por violarla, debido a que “no existen sanciones” por la falta de reglamentación.
Esto permite que estos establecimientos se deslinden de los daños o robo que puedan sufrir los vehículos, mediante avisos en los que advierten que no se hacen responsables del patrimonio del ciudadano.
El alcalde capitalino reiteró que “el reglamento tendría que elaborarse en conjunto con los dueños de los establecimientos en primera instancia, ya que son de vía privada, para valorar si cometen alguna infracción a la ley”.
Sobre el estacionamiento público de Plaza Bicentenario, aclaró que al Municipio no le corresponde supervisarlo, ya que este negocio está a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).
“Dicho estacionamiento no está bajo la norma del ayuntamiento, pues pertenece al DIF estatal”, recalcó, por lo que si se detectan infracciones, el organismo asistencial sería el responsable.
Alfredo Salazar argumentó que la actual administración municipal no elaboró el reglamento debido a la falta de tiempo y subrayó que cumplir este requerimiento será responsabilidad de la siguiente.
