RÍO GRANDE. Este municipio no tiene lo necesario para operar el Sistema Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, dijo Víctor Daniel Samaniego Ramírez, auxiliar de la Secretaría Ejecutiva de este organismo.
Explicó que cuando el alcalde Constantino Castañeda Muñoz inició con el proceso de separarse del cargo para contender por un puesto de elección popular, en febrero, entorpeció la instauración de este organismo.
Por ello, hasta hace un mes se puedo emitir el acta constitutiva del sistema de protección de menores en el municipio, el cual dirige Alonso Frayre Adame.
Pero a la fecha, este sistema no tiene una oficina, tampoco le designaron presupuesto ni un equipo de trabajo; por ahora lo opera el mismo personal de la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes.
“En resumidas cuentas, no se ha trabajado de manera formal, no hay un caso en específico en el que podamos decir que ya se trabajó a través de la Secretaria Ejecutiva (del sistema), no hay una atención pronta por las múltiples carencias que se tienen”, aseguró Samaniego Ramírez.
Duplican funciones en Jerez
Usbaldo Mayorga Juárez, responsable del área jurídica del Sistema Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio, espera que el próximo año les asignen recursos para poder desempeñarse de forma adecuada.
En Jerez, el sistema trabaja bajo el esquema de un comité, el cual rindió protesta en febrero. El presidente es el alcalde José Manuel de Jesús Viramontes Rodarte y el titular de la Secretaría Ejecutiva es su esposa, la presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Jaqueline Martínez Juárez.
Mayorga Juárez destacó que el sistema maniobra con el personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del SMDIF.
Hasta ahora, como Sistema Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes han recibido un par de cursos de capacitación acerca de la detección de situaciones de maltrato físico o sicológico a menores, para darle seguimiento a los casos.
De cualquier manera, ante un reporte de esa índole, los abogados de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia tienen la obligación de investigar y gestionar la seguridad de los chicos.
Mayorga Juárez comentó que aunque a nivel estatal se solicitó al gobierno federal un presupuesto para que las oficinas municipales operaran de manera adecuada, éste nunca llegó.
Desde su creación, el municipio es quien provee los recursos para su operación y la Secretaría Ejecutiva supervisa el seguimiento a los casos que se han recibido, dijo.
Asimismo, consideró que “una vez que se asignen recursos del Estado, el sistema de protección a niños se dividirá de la procuraduría y ello permitirá que el personal lleve exclusivamente esos casos”.
También estimó que la asignación de recursos propios reducirá la carga de trabajo a la procuraduría del SMDIF, pues estimó que alrededor del 40 por ciento de los casos que atiende actualmente están relacionados con niños y adolescentes.
En Tlalte aún no opera
Erika Mauricio López, directora del SMDIF de Tlaltenango, aseguró que el sistema de protección a menores fue instalado en febrero de este año, con Rosario Bañuelos Padua como encargada.
Sin embargo, la titular de la Secretaría Ejecutiva de este organismo será la psicóloga del DIF municipal, de la cual no proporcionó su nombre, aunque dijo que se le nombrará a ella por considerar que cumple mejor con el perfil para dirigirlo.
Para ello, se le capacita de manera virtual y el 22 de julio comenzará a trabajar de manera formal.
Mauricio López también comentó que además desarrollarán un Centro de Atención Rural al Adolescente (CARA) en el Hospital IMSS Prospera.
Este esquema, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), ya tiene un plan de ejecución pero aún no opera por falta de recursos económicos.
Sólo se ha podido establecer comunicación con los encargados de procurar la salud en el municipio, para establecer el compromiso de proteger a los niños y adolescentes.
Ambos proyectos son a mediano y largo plazo, por lo que no se esperan resultados inmediatos, es especial porque no han comenzado a trabajar; el municipio, entonces, se ve sujeto a las indicaciones de la dependencia estatal, declaró la directora del SMDIF.