Zacatecas.-El contralor Guillermo Huizar Carranza, aceptó en entrevista que en la negociación para liquidar a Ciudad Gobierno prefirieron un mal arreglo que pagar un costo mayor, al irse a juicio con la empresa LL Operaciones y Servicios.
Añadió que ya se tienen los montos para el pago de estas instalaciones, cuya construcción data del 28 de agosto de 2007, fecha en que se colocó la primera piedra; y de lo contrario, hubiera salido “más caro el caldo que las albóndigas”.
“A la mejor sí hubiéramos ganado el caso. En cualquier condición hubiéramos tenido que pagar la infraestructura, y además había que pagarle a los abogados. Por lo que nos ofrecía el despacho de abogados, tanto en servicios como en monto de honorarios, nos podía haber salido más caro un pleito larguísimo”, afirmó.
Añadió que esto hubiera propiciado un congelamiento en la ocupación de Ciudad Gobierno por un largo tiempo, y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se caerían a pedazos.
Huizar Carranza también indicó que ya están listos para cambiarse de inmueble, pues actualmente pagan 104 mil pesos mensuales; y le siguen en renta la Coordinación General Jurídica, la Coordinación Estatal de Comunicación Social, o la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), que se encuentra en Avenida Universidad.
Destacó que “la Contraloría cuenta con un edificio rentado, que es el que mayor renta devenga de todo el gobierno de Zacatecas”.
Sin precisar cifras, añadió que el monto a pagar hubiera crecido si el término del contrato se debiera a un incumplimiento de los empresarios, del gobierno, o a un acuerdo de las partes; y que se respaldaron en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.
Dicha ley –afirmó Huizar Carranza- permite al gobernador en turno dar por terminado “cualquier contrato, en cualquier tiempo, por causas intrínsecas”, y al no ser una discusión “legal” este asunto, los empresarios no pudieron atacar la decisión del gobernador Miguel Alonso Reyes.