ZACATECAS. La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con tres años de inhabilitación y una multa de 1 millón 783 mil 110 pesos a las empresas tabasqueñas Calzada Construcciones SA de C V y Dragados del Sureste SA de CV por irregularidades en la construcción del Segundo Piso en la capital, obra que fue cancelada.
Ernesto González Romo, titular de la SFP, informó que estas sanciones derivan de un procedimiento administrativo sancionador, en el que se investigaron 19 facturas por un monto de 1 millón 882 mil pesos, y se acreditó que las empresas incurrieron en “subcontratación prohibida en el contrato y en la Ley de Obra Pública del Estado de Zacatecas”.
Los trabajos del segundo piso recibieron siete suspensiones definitivas de jueces federales al resolver amparos promovidos por ciudadanos en contra de su ejecución. Ante esta situación, el gobierno del estado decidió el 13 de junio de 2025 la terminación anticipada del contrato con ambas empresas que integran el corporativo Grupo HYCSA.
SUSPENSIÓN NACIONAL
González Romo explicó que, tras el periodo de finiquito del contrato, la SFP abrió dos procedimientos administrativos sancionadores y una auditoría con un expediente de investigación de “21 mil fojas” del proyecto del Segundo Piso.
En el primer procedimiento administrativo, afirmó, “esta autoridad ha determinado imponer a los contratistas Construcciones SA de C V y Dragados del Sureste SA de CV el pago de una multa por la cantidad de 1 millón 783 mil 110 pesos y la inhabilitación de ambas constructoras para participar en procesos de contratación y celebrar contratos durante un periodo de tres años”.
El funcionario estatal precisó que ambas empresas ya fueron notificadas de la resolución del proceso, por lo que tienen la oportunidad de interponer los recursos legales que consideren pertinentes.
En caso de que el procedimiento quede firme, dijo, la SFP notificará a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para la publicación de la inhabilitación, con lo que las empresas quedarán impedidas para participar en cualquier procedimiento de licitación o celebrar contratos con los gobiernos federal y estatales, así como con cualquier autoridad en todo el país.
OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Ernesto González enfatizó que la dependencia mantiene abierto un segundo procedimiento administrativo sancionador, en el que investiga 18 facturas por un monto de 16 millones 772 mil pesos, así como una auditoría de todos los procesos en la que se investiga el destino de 250 millones de pesos.
Explicó que en ambos procesos la finalidad es determinar si, durante el proceso de acreditación de los gastos para el monto del finiquito de la terminación anticipada del contrato, las empresas simularon actividades o realizaron procedimientos fraudulentos para justificar gastos no devengados y, en su momento, aumentar el monto del finiquito.
“Una vez que concluya esa investigación, de resultar acreditado lo que investiga esta autoridad, se dará parte a las autoridades fiscales y a las autoridades judiciales para que el caso pueda también ser investigado por la vía tributaria y por la vía penal”, expuso.
Precisó que esta investigación acumula 11 denuncias y aseguró que el trabajo realizado se ha apegado a Derecho, por lo que consideró que “nuestra resolución tiene toda la viabilidad para sostenerse”.