CDMX. El Órgano de Administración Judicial (OAJ), del Poder Judicial de la Federación (PJF), derogó por completo las reglas para la evaluación de desempeño de personal que, desde el viernes pasado, provocó protestas y cierre de juzgados y tribunales.
El OAJ informó que la decisión de eliminar el Acuerdo General que establecía las reglas para esta evaluación se tomó tras sesionar de manera extraordinaria este lunes, pese a que la idea original solo era reformar dicha normativa para reflejar los compromisos asumidos el sábado pasado, en una reunión del presidente de OAJ, Néstor Vargas, con los líderes sindicales del PJF y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) registró en su versión vespertina la eliminación de estas reglas anunciadas por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Dichos compromisos incluían establecer que la evaluación no tendría fines punitivos ni de separación del cargo, eliminar factores subjetivos que se tomarían en cuenta para las evaluaciones y cancelar las que, de manera extraordinaria, podían solicitar los jueces y magistrados sobre sus subordinados.
Los líderes de los tres sindicatos del PJF se comprometieron con Vargas a levantar el paro de labores, pero este lunes, al menos cincuenta tribunales y juzgados federales en varias instalaciones del PJF en la Ciudad de México permanecieron cerradas al público, o con acceso limitado, y solo con sesiones esporádicas en algunos tribunales colegiados.
«Derivado de lo anterior, el Pleno del OAJ resolvió abrogar el acuerdo citado, en aras de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita», explicó el órgano, sucesor del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En otras palabras, los integrantes del OAJ concluyeron que tomaría demasiado tiempo acordar entre ellos y redactar modificaciones al acuerdo que fueran aceptables para los más de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, así como publicarlas en el Diario Oficial, si mientras tanto el paro parcial de labores iba a seguir afectando a los justiciables. Sin embargo, la evaluación de desempeño como requisito de permanencia en el cargo, está prevista en la Ley de Carrera Judicial de enero de 2025, aprobada como parte de la reforma de Morena y sus aliados, y ahora no está claro si el OAJ emitirá en algún momento un nuevo acuerdo para reglamentar dicho mandato legal.
De hacerlo, es previsible que el OAJ tendrá que buscar el consenso previo de los sindicatos, y todo indica que, en la práctica, la evaluación como requisito de permanencia quedará como letra muerta. Otra posibilidad es que se repita el escenario de 2021, cuando la primera Ley de Carrera Judicial, impulsada por el entonces Ministro Presidente Arturo Zaldívar, también contempló la evaluación como requisito de permanencia, pero a fin de cuentas se diluyó en ordenamientos menores, se postergó para iniciar hasta 2023 y no fue aplicada con la intención marcada en la ley.
En el acuerdo abrogado, el OAJ había matizado el mandato legal, primero, al establecer una evaluación meramente «diagnóstica» en noviembre y diciembre de 2026, y luego, al crear un examen extraordinario para dar una nueva oportunidad a quienes no pasaran la primera evaluación vinculante con más de sesenta puntos sobre cien, a partir de 2027. Si bien el examen de conocimientos era el que más peso tenía en la evaluación, otros factores que representaban el 30 por ciento de la calificación dependían de opiniones de los jueces, magistrados y los propios colegas del personal evaluado, lo que provocó el rechazo más profundo.
Víctor Fuentes
Agencia Reforma