Después de realizar foros con especialistas, académicos y asociaciones civiles, la Comisión de Salud de la LXV (65) Legislatura presentó este martes una iniciativa de Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Zacatecas, ante la urgencia de la prevención del suicidio y el tratamiento integral de la dependencia a sustancias.
El proyecto de ley agrega propuestas respecto a las necesidades que se advirtieron en el tema. Contempla, por ejemplo, en su artículo 54, el derecho a la voluntad anticipada, para que “en previsión de requerir en el futuro servicios de salud mental y adicciones, las personas tienen derecho a determinar el tipo de acciones que desean sean tomadas para su tratamiento o su negativa a recibirlo”.
La diputada Karla Estrada García resaltó que se prohíbe el internamiento forzoso para la atención a adicciones y se busca privilegiar la atención comunitaria. “La salud mental es una parte vital de la salud en general y un derecho humano que nos permite relacionarnos, desenvolvernos, afrontar dificultades, trabajar y prosperar. No puede haber salud integral sin salud mental”, afirmó.
La iniciativa, que también suscribieron las diputadas Elena Canales Castañeda, Maribel Villalpando Haro y Renata Ávila Valadez, contempla 72 artículos y siete transitorios, entre los que se establece que el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Salud Mental y Adicciones deberán actualizarse dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de la ley.
También se establece que las dependencias involucradas en la materia valoren los presupuestos necesarios y que las instituciones de salud mental y prevención de adicciones públicas, sociales o privadas se integren al modelo de atención comunitaria.
Se propone dar a la Secretaría de Salud atribuciones y responsabilidades para prevenir y atender los casos de suicidio.
La iniciativa plantea que “toda persona en el estado que haya realizado un intento de suicidio, así como sus familiares, tienen derecho a ser atendidas en el marco de las políticas de salud mental, asegurando en todo momento la confidencialidad de la información”.
Además, asigna obligaciones a los familiares de personas con adicciones o problemas de salud mental para que les procuren cuidados, apoyo, alimentación y educación, así como recibir orientación de instituciones públicas o privadas. Los ayuntamientos, a su vez, deberán establecer y operar Consejos Municipales de Salud Mental y Adicciones.
“La iniciativa se vuelve indispensable para actualizar el marco legal en Zacatecas, integrando los avances del conocimiento científico, las lecciones aprendidas de la pandemia, la urgencia de la prevención del suicidio y el tratamiento integral de las adicciones, con la nueva visión nacional de la salud mental basada en la comunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”, enfatiza la propuesta.
Para ello, contempla sanciones por negar o condicionar la atención en salud mental y adicciones por discriminación, realizar tratamientos sin el consentimiento informado de la persona, violar la confidencialidad de la información, por internamientos fuera de la ley y omitir la notificación del internamiento involuntario a las autoridades.
Asimismo, establece infracciones por usar la contención física o farmacológica fuera de los casos autorizados, someter a las personas a tortura o tratos degradantes, incumplir las obligaciones del Sistema Nacional Información, obstaculizar visitas de evaluación y no contar con infraestructura y equipo necesarios en establecimientos públicos y privados.
LEYES ANTERIORES
En junio de 2024 fue aprobada la Ley de Salud Mental para el Estado de Zacatecas y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 8 de octubre de 2025, por lo que entró en vigor al siguiente día.
Dicha ley de Salud Mental fue la segunda, pues la primera se publicó el 7 de julio de 2018, pero no pudo aplicarse por la falta de reglamento y, derivado de la pandemia por la COVID 19, a nivel federal se realizaron reformas a la Ley General de Salud en torno a la salud mental.
Por ello, a la primera ley tuvo que hacerse una actualización y armonización, una reingeniería de obligaciones y facultades, sobre todo a aquellos instrumentos orientados al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación para la salud mental y el apoyo psicosocial.