CIUDAD DE MÉXICO. Al revisar los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró simulación de convenios, triangulación de recursos, conflictos de interés y operaciones con empresas factureras y firmas sancionadas por autoridades fiscales.
La ASF acreditó irregularidades en contratos por 514 millones de pesos de las empresas de Hernández Casillas, según revelaron a REFORMA fuentes cercanas a la indagatoria.
Ayer por la tarde, la ASF emitió un comunicado donde informó que cuenta con «indicios de irregularidades en contratos, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos» en el órgano electoral, pero no indicó empresas implicadas ni montos.
Fuentes cercanas a las indagatorias precisaron a REFORMA que entre las irregularidades hay contratos simulados, operaciones con empresas factureras y triangulación de fondos entre empresas vinculadas a Hernández Casillas, un proveedor que tiene nexos directos con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Una de esas compañías, TOL Producciones –que presentó licitaciones en bloque con Corporativo ZEG y Cajas Graf– recibió más de 300 millones de pesos en contratos con el INE durante 2025.
De acuerdo con las pesquisas de la ASF, esta empresa registró operaciones simuladas y se encuentra sancionada por las autoridades fiscales, según registros del Sistema de Administración Tributaria (SAT).e
Además de los convenios que concretó con el INE, TOL Producciones obtuvo contratos por 30 millones de pesos con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en varios estados.
Según la misma indagatoria de la ASF, Corporativo ZEG, también de Hernández Casillas, subcontrató servicios y recibió facturas timbradas por personas morales que tuvieron operaciones con factureras.
Dicha compañía logró contratos con el INE por 184 millones de pesos, a pesar de contar sólo con 5 empleados registrados, lo que para las autoridades indica una anomalía de operación empresarial. Además, del monto obtenido transfirió 167 millones a otras cuatro compañías en una abierta triangulación de fondos.
En su comunicado vespertino, la ASF dijo que a partir de estos hallazgos inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en el órgano electoral, incluidos contratos y relaciones con proveedores.
El órgano fiscalizador informó que esta indagatoria abarcará al INE, los OPLES, así como empresas, servidores públicos y proveedores que pudieran estar relacionados con los hechos.
«A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos», indicó la ASF.
La investigación de la Auditoría coincide con las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que reportó ilícitos en contrataciones en una red de 7 empresas cuyo propietario es Hernández Casillas.