CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno federal busca más que duplicar el cobro a las empresas ferroviarias por el uso de las vías, una medida que podría trasladarse a las tarifas y al precio de las mercancías, advirtieron especialistas.
La propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, incluida en el Paquete Económico 2027, plantea elevar de 1.25 a 3.0 por ciento el derecho sobre los ingresos brutos de las concesionarias con más de 15 años de operación.
Carlos Barreda, especialista del sector ferroviario, indicó que el incremento de 140 por ciento puede repercutir en toda la cadena, generar un efecto inflacionario y restarle competitividad al tren frente al autotransporte.
«Existe el riesgo de que este aumento se traslade al usuario final en la medida que las tarifas por el servicio se actualicen, y con ello, los precios de las mercancías que mueve el ferrocarril y que tienen implícito el componente del costo del transporte», expresó.
Para Barreda, las principales afectadas serían Ferromex y Canadian Pacific Kansas City (CPKC), las dos grandes concesionarias privadas de carga, pues el incremento a los derechos aplica a partir del año 16 según la fecha del título de concesión.
Lo anterior significa que el ajuste no aplicaría a concesiones con menos de 15 años ni a las nuevas, que conservarían una tasa de 0.5 por ciento, por lo que el aumento no afectará a ninguno de los proyectos de la 4T (Tren Maya, Interoceánico, «Insurgente» México-Toluca ni Tren al AIFA).
El impacto puede dimensionarse con los indicadores financieros de Ferromex: en 2025, la empresa reportó ingresos netos por 48 mil 38 millones de pesos y una utilidad neta de 7 mil 254 millones.
Si la nueva tasa se aplicara sobre sus ingresos del año pasado, le representaría un costo adicional de alrededor de 841 millones de pesos al año, equivalente a 11.6 por ciento de su utilidad neta, antes de considerar el efecto fiscal por la deducibilidad del derecho.
La compañía pagó 521 millones de pesos por este derecho en 2023, 576 millones en 2024 y 626 millones en 2025.
Con la nueva tasa, el pago podría superar los mil 500 millones de pesos anuales, dependiendo de sus ingresos y de la aplicación final de la reforma.
Por ahora, acotó Barreda, no sería posible saber de qué porcentaje sería el impacto en las tarifas de los servicios ferroviarios, pues éstas se actualizan año con año y el Gobierno autoriza los incrementos.
Óscar Cortés, socio fundador de la firma de consultoría Alttrac, coincidió en señalar que pese al ajuste en el costo fiscal para empresas concesionarias, es prematuro determinar de cuánto será el impacto financiero directo para la industria.
«Habrá que revisar la ‘letra chiquita’ en la iniciativa de Ley de Derechos, los transitorios y la exposición de motivos», refirió.