MADRID. Naciones Unidas ha acusado este viernes a las fuerzas de seguridad de Israel de desplazar a la fuerza a poblaciones enteras de palestinos en tres campamentos de refugiados en Cisjordania en el marco de varias operaciones en enero y febrero de 2025, antes de agregar que aún actúan para evitar su retorno, lo que genera temores por una posible «limpieza étnica».
El informe, titulado ‘Destrucción de campamentos de refugiados palestinos en el norte de Cisjordania’ y ubicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, apunta que militares, policías y otras fuerzas desplegadas en la zona mataron a civiles, destruyeron cientos de casas, dañaron carreteras y otra infraestructura, cortaron el agua y la electricidad y prohibieron el acceso humanitario a los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem.
Así, ha resaltado que las fuerzas de seguridad fueron puerta por puerta forzando a los residentes a abandonar sus hogares y ha detallado que cerca del 52% de las estructuras en el campamento de Yenín, así como el 48% y el 36% de las de Nur Shams y Tulkarem, respectivamente, quedaron destruidas o resultaron dañadas por las operaciones, a fecha de octubre de 2025.
«A los pocos días de comenzar la operación ‘Muro de Hierro’, las fuerzas de seguridad israelíes consolidaron su control sobre los campos de refugiados de Yenín, Nur Shams y Tulkarem y desplazaron por la fuerza a toda su población», recoge el documento, que se basa en la supervisión y documentación independientes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
La oficina ha recibido información por parte de algunos desplazados que apuntaron que recibieron orden de que no habría más campamentos para refugiados y de que «todos debían ir a Jordania».
En este sentido, el informe apunta a un desplazamiento sistemático a gran escala, larga duración de más de 33.000 palestinos de estos campamentos de refugiados durante este periodo –en el que se documentó además la muerte de más de cien palestinos, incluidos 21 niños–, lo que genera preocupaciones sobre posibles crímenes contra la humanidad por traslado forzoso de población.
El informe resalta que el uso de ataques aéreos, excavadoras blindadas y detonaciones controladas para hacer inhabitables campamentos enteros, forzar el desplazamiento de sus residentes e impedir su regreso, en ausencia de una necesidad militar imperativa, parece constituir un «castigo colectivo» y que podría equivaler a una «limpieza étnica».
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha remarcado que «la forma en que se llevó a cabo la operación ‘Muro de Hierro’ sugiere que su objetivo era expulsar al mayor número posible de palestinos y allanar el camino para más asentamientos israelíes ilegales, en una nueva violación del Derecho Internacional».
«Israel debe poner fin a sus 59 años de ocupación del territorio palestino y cesar cualquier intento de desplazar por la fuerza a más palestinos y de seguir interrumpiendo la continuidad de un futuro Estado palestino», ha sostenido Turk, según un comunicado publicado por el organismo al hilo de la publicación del informe.
Turk ha incidido en que Israel «debe adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, tal como lo aclara la conclusión explícita de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), hace ya más de dos años, de que debe poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado lo antes posible».