FRESNILLO. Cientos de trámites de regularización de tenencia de la tierra y sucesiones en Zacatecas están paralizados desde hace ocho meses tras la salida de Idubina Náñez Bugarín de la Dirección de Fraccionamientos Rurales, lo que mantiene en la incertidumbre a miles de familias campesinas y abogados.
Rodolfo Cid Ruvalcaba, presidente del Colegio de Abogacía José González Echeverría, destacó que es necesario que el gobierno del estado atienda cuanto antes la designación de un nuevo titular, pues la ausencia de una figura facultada para firmar resoluciones y documentos impide que los expedientes avancen.
“La dirección concentra trámites de todo el estado, entre ellos sucesiones, regularización de predios y procedimientos derivados de compraventas; pero todos los asuntos están parados, absolutamente parados. Esta situación puede provocar conflictos entre integrantes de familias que mantienen controversias por propiedades o herencias”, explicó.
Cabe precisar que la Dirección de Fraccionamientos Rurales quedó vacante luego de que Idubina Náñez dejara el cargo para asumir como magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Guanajuato.
AMPARO CONTRA MONREAL
El presidente del Colegio de Abogacía precisó que ante este escenario promovió en abril un amparo contra el gobernador David Monreal Ávila por la omisión de designar a un titular en la dirección. El recurso, explicó, se encuentra actualmente en un juzgado federal de Zacatecas y está pendiente la sentencia.
Aunado a ello, afirmó que el mandatario ya fue notificado del procedimiento y los abogados esperan que la resolución judicial se emita conforme a derecho.
Paralelamente, continuó, integrantes del colegio entregaron nuevos escritos a la Legislatura local, al gobernador y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para solicitar atención al problema y advertir sobre las posibles responsabilidades derivadas de una omisión administrativa.
PERJUICIOS
Cid Ruvalcaba aseveró que la falta de un titular en la dirección puede afectar a productores que requieren acreditar la propiedad de sus tierras para acceder a programas y apoyos de los gobiernos municipal, estatal o federal.
Expuso que hay casos de personas cuyos procedimientos están iniciados, pero permanecen “en el limbo”. Ante ello, continuó, deben recurrir a recursos legales para demostrar que sus solicitudes ya fueron presentadas,
“Si la falta de documentos provoca daños económicos a particulares, podría generar responsabilidad patrimonial para el Estado. Por ejemplo: un productor podría perder acceso a un crédito o retrasar un proyecto agrícola al no contar con documentación que acredite legalmente la propiedad de un terreno”, enfatizó.
Por ello, el Colegio de Abogacía insistió en que la designación debe realizarse a la brevedad para reactivar los expedientes y evitar que el retraso administrativo derive en mayores conflictos y perjuicios económicos para las familias del campo zacatecano.