CIUDAD DE MÉXICO. La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para abrir al escrutinio público los contratos y la información corporativa de las filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
«Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un Secretario, de otra Secretaria, de un director de Pemex o de SEP o de cualquier Secretaría. Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente», afirmó Sheinbaum.
La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que el ordenamiento incluye la publicación de contratos, estados financieros, informes y reglas de operación de las filiales de las dos empresas públicas.
«Se van a agregar a la información que se publica de Pemex también todos los informes ante las agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo de todas las filiales, cómo funcionan las filiales, sus políticas de operación y los contratos», detalló.
Durante la mañanera, la funcionaria explicó que los nuevos contenidos deberán incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia en un plazo máximo de 30 días hábiles y mantenerse actualizados.
La información de las filiales será difundida a través de Pemex y CFE, con la intervención de sus consejos de Administración.
Las leyes de Pemex y CFE establecen que las empresas en las que participan directa o indirectamente en más del 50 por ciento del capital son filiales, pero no entidades paraestatales, y que su naturaleza jurídica corresponde al derecho privado del lugar donde fueron constituidas.
Ese régimen ha sido invocado para rechazar solicitudes de información. Pemex, por ejemplo, sostuvo que Gasolinas Bienestar no estaba obligada a entregar comprobantes sobre los pagos por los envíos de petróleo y derivados a Cuba.
La petrolera también ha atribuido operaciones a PMI Comercio Internacional, Pemex Procurement International e I.I.I. Servicios para responder que los documentos solicitados no estaban en sus archivos o pertenecían a filiales que no eran sujetos obligados directos.
En casos como la adquisición de la refinería Deer Park y la compra de 550 pipas, el extinto Instituto Nacional de Transparencia ordenó a Pemex realizar búsquedas amplias en las áreas encargadas de coordinar y supervisar a sus filiales.
CFE también ha sostenido que empresas como CFE Calificados no son sujetos obligados directos, debido a su naturaleza de filiales constituidas bajo un régimen de derecho privado.
Publicación mensual
Por otro lado, el decreto también ordena la publicación mensual de todos los contratos del Gobierno federal, cuya información actualmente se actualiza cada tres meses.
«En materia de contrataciones públicas, lo que vamos a hacer es tener más oportuna la información. Actualmente se publica cada tres meses; lo vamos a publicar de manera mensual para que esté permanentemente actualizada toda la parte de contrataciones. Entonces, todos los contratos del Gobierno federal se publicarán de manera mensual», afirmó Buenrostro.
Los órganos fiscalizadores deberán divulgar información adicional sobre sus programas anuales, estadísticas, situación de las auditorías, seguimiento de las observaciones y contratación de auditores externos.
«Nosotros, como órganos fiscalizadores, publicaremos información adicional sobre el programa anual de fiscalización, las estadísticas y la información de la situación de las auditorías, del seguimiento que se tiene a las observaciones que se hacen como auditores, así como el padrón y designación de los despachos de los auditores externos», explicó.
Informó que el Gobierno invitará a los poderes Legislativo y Judicial, entidades federativas y municipios a adoptar la política de máxima publicidad, aunque Buenrostro no afirmó que el decreto federal los obligue.
Reducirán causales de reserva
Buenrostro anunció que el Gobierno también presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia para reducir el catálogo de 17 supuestos que actualmente permiten clasificar información como reservada.
La propuesta buscará concentrar las causales en dos categorías generales previstas en el artículo 6 constitucional: interés público y seguridad nacional.
«Actualmente se tienen en las fracciones reservas, aunque las 17 están clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación para pasar nada más a abocarnos y ser expresamente nada más lo de interés público y seguridad nacional», declaró.
Claudia Guerrero
Agencia Reforma