Cada vez que se ve a un defensor de la libre competencia informativa levantar la bandera del mercado como garantía de libertad, de mi parte el escepticismo es inevitable.
Fortalecer los medios públicos, hacerlos competitivos y multiplicar las voces es un objetivo deseable. Parece de sentido común decir que, a más oferta informativa, más capacidad de elegir, por tanto, más libertad, pero vale la pena detenerse un momento y preguntarse si la competencia entre medios, por sí sola, nos hace ciudadanos más libres. ¿Será? No necesariamente.
El argumento liberal tiene una belleza engañosa que se ha visto repetir reiteradamente. La competencia —se dice— amplía el abanico de opciones. Más opciones implican la posibilidad de elegir y eso es ejercer la autonomía. Esta es el combustible de la libertad. La cadena parece inapelable.
El problema es que concede un beneficio de la duda monumental: supone que el consumidor de información es un evaluador racional e informado. La competencia te da un menú más extenso, pero no te enseña a leer los ingredientes ni a distinguir un plato nutritivo de uno intoxicado. Ahí, en esa cocina oscura de la capacidad de juicio, es donde el mercado se queda sin receta. Y no es un defecto menor.
Porque la información no es un producto como cualquier otro. Amigos periodistas ven cómo su oficio se desmorona entre clics y métricas. Es, al mismo tiempo, una mercancía que se vende, un producto que compite por nuestra atención, pero también la infraestructura misma del espacio público y un bien público esencial. No es lo mismo elegir entre un celular y otro que entre dos versiones de un hecho. Ahí entra la pesada distinción entre información y opinión, la verificación de datos, la ética periodística y esa incómoda fijación con la verdad y la corrección.
Y entonces enfrentamos el problema de fondo. Necesitamos información confiable para poder evaluar la confiabilidad de la información que recibimos. Es una trampa circular que los algoritmos no resuelven. Si el ecosistema informativo es un pantano de desinformación, la “libre elección” es una ilusión, porque el consumidor carece del mapa para navegarlo. A estas alturas hemos visto demasiados ejemplos de esto como para seguir creyendo que el mercado tiene una brújula interna.
Pero tampoco es un ajuste de cuentas con el mercado. Su eficacia está allí. Puede producir mejores medios, más dinámicos y atentos a las audiencias. Hemos visto medios independientes florecer gracias a la competencia, pero su criterio fundamental es la demanda, no la verdad. Y ahí está la trampa. Una mentira también puede ser un producto competitivo. Una teoría conspirativa, una noticia falsa que confirma prejuicios o una declaración escandalosa pueden atraer audiencia, generar interacción y ser altamente rentables. La competencia no tiene un mecanismo interno que diga: “esto es falso, por favor deje de venderlo”. Sería un sensor maravilloso, pero como tal no existe. El mercado premia lo que vende, no lo que es cierto. Y hemos visto mentiras recorrer el mundo mientras la verdad se rezaga.
Ahora bien, si el mercado no es el salvador, tampoco lo es el Estado. Ésta es una concesión fundamental que a veces cuesta trabajo explicar a sectores de izquierda que ven en la regulación estatal la tabla de salvación. La solución no puede ser que el gobierno determine qué información es verdadera y cuál no. Eso no resolvería el problema; lo agravaría, sustituyendo la tiranía del mercado por la tiranía del burócrata. El objetivo de figuras como el ombudsman, los derechos de réplica o las defensorías de las audiencias no puede ser fortalecer al gobierno frente a los medios, sino fortalecer al ciudadano frente al sistema informativo. La batalla no es por quién censura, sino por quién empodera. Y en eso el problema no es quién vigila, sino cómo se vigila y para qué.
Llegamos así a la distinción definitiva. El consumidor puede cambiar de canal, de periódico o de página web. Puede surfear en el mar de la competencia. Pero el ciudadano necesita además poder exigir al medio rectificaciones, contexto y verdad. La competencia puede producir mejores medios, más ágiles y tentadores. Pero no necesariamente produce ciudadanos más libres. Para que exista la libertad de juicio, para que la elección sea genuina y no un mero acto reflejo, se requieren condiciones institucionales —educación mediática, códigos de ética robustos y mecanismos de rendición de cuentas— que el mercado, por sí solo, no garantiza. La libertad no es un subproducto automático de la oferta; es una conquista cotidiana de la exigencia ciudadana.