ZACATECAS. En su recorrido por municipios y comunidades del estado para dar a conocer su proyecto como aspirante a coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía por parte del Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde Ecologista de México, Geovanna Bañuelos urgió al Gobierno de Zacatecas y a la Secretaría de la Función Pública de la entidad a investigar y deslindar responsabilidades respecto al otorgamiento de subsidios para la adquisición de viviendas a personas servidoras públicas mediante el programa de Viviendas del Bienestar.
Lo anterior, a fin de verificar el cumplimiento de las reglas de operación, la inexistencia de conflictos de interés y la legalidad en la asignación de los recursos públicos; y, de acreditarse irregularidades, procedan a la revocación de los subsidios otorgados y al inicio de los procedimientos administrativos que correspondan conforme a la legislación aplicable.
“Defender el proyecto de transformación significa ser congruentes y no gozar de privilegios”, sostuvo la legisladora ante cientos de zacatecanas y zacatecanos.
Mediante un punto de acuerdo, la también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) también pide que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción lleven a cabo una revisión integral del programa mediante el cual fueron otorgados subsidios para la adquisición de Viviendas del Bienestar a servidores públicos y, en su caso, determinen las responsabilidades administrativas o las acciones correctivas que resulten procedentes.
Geovanna Bañuelos resaltó que en días recientes se hicieron públicos diversos señalamientos relacionados con la presunta entrega de subsidios para la adquisición de viviendas del Bienestar a personas servidoras públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas.
De acuerdo con la información difundida, algunos funcionarios de alto nivel habrían resultado beneficiarios de un programa diseñado para facilitar el acceso a la vivienda mediante apoyos económicos otorgados por el Estado.
“Aunque corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar la veracidad de estos hechos y la legalidad de cada uno de los procedimientos realizados, la información conocida ha generado legítimas inquietudes respecto al cumplimiento de los principios de imparcialidad, equidad y correcta aplicación de los recursos públicos”, señaló aspirante al Comité Estatal en Defensa de la Transformación y la Defensa de la Soberanía.
En este sentido, Geovanna Bañuelos señaló que el simple hecho de que existan dudas sobre el destino de recursos públicos destinados a programas sociales hace indispensable que las autoridades competentes actúen con prontitud, apertura y total disposición para esclarecer los hechos.
Geovanna Bañuelos recordó que uno de los ejes centrales de la Cuarta Transformación es el combate a la corrupción y la eliminación de privilegios en la administración pública, con el propósito de asegurar que los recursos públicos beneficien realmente al pueblo y no a intereses particulares.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que uno de los principios fundamentales de su gobierno consiste en consolidar una administración honesta, cercana a la ciudadanía y comprometida con el uso responsable del dinero público.
En ese contexto, enfatizó que es indispensable que todos los niveles de gobierno observen los mismos estándares de integridad y transparencia, particularmente cuando se trata de programas sociales financiados con recursos públicos.
En el caso particular de los programas de vivienda, su objetivo consiste en reducir las desigualdades, atender a familias que carecen de patrimonio propio y brindar oportunidades a quienes enfrentan dificultades económicas para acceder a una vivienda digna.
Por esa razón, los criterios de elegibilidad suelen construirse considerando variables relacionadas con el nivel de ingresos, las condiciones de vulnerabilidad, la situación familiar, el rezago habitacional o la carencia de alternativas de financiamiento. La esencia misma de estos programas radica en priorizar a quienes más lo necesitan.
“No se trata de establecer prohibiciones absolutas por razón del cargo, sino de verificar que ningún beneficio haya sido obtenido mediante el aprovechamiento de información privilegiada, influencia institucional o condiciones distintas a las aplicables para el resto de la población”, mencionó.
Finalmente, Geovanna Bañuelos reiteró que el correcto manejo de los recursos públicos constituye una condición indispensable para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, por lo que cada subsidio, cada apoyo y cada programa social deben responder exclusivamente al interés colectivo y nunca convertirse en un mecanismo que genere privilegios indebidos.
