ZACATECAS. Trabajadores del ayuntamiento capitalino denunciaron que son entre 130 y 150 los compañeros cuyo contrato venció el 30 de junio y no fue renovado por el gobierno municipal este lunes. A pesar de ello, continuaron con sus actividades hasta el 15 de julio, aunque sin un pago por ello.
Los inconformes, quienes pidieron el anonimato por miedo a represalias, detallaron que entre los afectados está personal del servicio de Limpia, oficinas, bacheo, entre otras áreas.
Expusieron que la respuesta por parte de las autoridades de Recursos Humanos es que sigan trabajando, “que nos van a dar el contrato rápido, pero se trabajó toda la quincena pasada y hasta ahorita nada”, lamentaron.
De acuerdo con los afectados, no han emprendido alguna manifestación “porque nos tienen amenazados. Si decimos o hacemos algo en contra, ya nos dijeron que perdemos el trabajo”.
DEPENDEN DEL RECURSO DISPONIBLE
Luego de que trabajadores del ayuntamiento capitalino denunciaran retrasos en la firma de contratos, pagos pendientes y otras prestaciones laborales, el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo aseguró que la recontratación del personal responde a los periodos establecidos y a la disponibilidad presupuestal.
En el gobierno municipal, explicó, los contratos se renuevan en distintos plazos, ya sea cada tres, seis o 12 meses, y al concluir cada periodo, se evalúa qué trabajadores continúan de acuerdo con las necesidades operativas y la capacidad financiera del ayuntamiento.
Al cierre del primer semestre, ahondó, quedaron pendientes 420 personas por recontratar y para la quincena en curso se prevé formalizar nuevamente la contratación de 250, mientras que los 170 restantes serán reincorporados de manera paulatina durante la segunda quincena de julio.
Varela Pinedo apuntó que el proceso depende de la disponibilidad presupuestal, ya que el ayuntamiento no puede ampliar la plantilla laboral ni comprometer recursos sin contar con las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Consideró que existe una intención de presentar el tema como un conflicto generalizado, cuando, desde su perspectiva, se trata de un “proceso administrativo ordinario”.
Lo anterior al advertir que exceder el gasto autorizado en el capítulo de servicios personales podría derivar en observaciones por parte de los órganos fiscalizadores, responsabilidad que recaería directamente en la Presidencia Municipal, la Tesorería y la Sindicatura.
Por ello, dijo, la administración busca mantener un equilibrio entre garantizar la continuidad de los servicios públicos y cumplir con las disposiciones financieras y de fiscalización.