CIUDAD DE MÉXICO. Por segunda ocasión en menos de una semana, una juez federal se pronunciará este jueves respecto a si Gilda Susana Lozoya Austin debe llevar en libertad con restricciones o en prisión su proceso de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados.
A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) a las 9:40 horas dio inicio una audiencia de modificación de medidas cautelares que será presidida por Nora Ileana García Peralta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
El pasado viernes la juzgadora rechazó imponerle la prisión preventiva justificada a la hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, porque consideró que los fiscales federales no le acreditaron en audiencia el riesgo de fuga.
En su lugar, le otorgó la libertad provisional con cuatro medidas cautelares: el uso de brazalete electrónico en los siguientes 10 días, la entrega del pasaporte, la presentación periódica cada 15 días, la prohibición de salir de la Ciudad de México y el área metropolitana, así como la prohibición de salir del País.
La imputada llegó hoy a las 8:35 horas en una camioneta Toyota gris que la dejó en la puerta del Centro de Justicia. Su abogado Alejandro Rojas Pruneda arribó a las 9:35 horas, sin dar declaraciones a la prensa.
El martes pasado, en la continuación de la audiencia, la impartidora de justicia vinculó a proceso a Gilda Lozoya por el delito de lavado de dinero, ya que considero que la Fiscalía ofreció los datos necesarios para presumir que en el 2012 transfirió del extranjero a México 2 millones 580 mil dólares de origen ilícito.
Esta suma, según la imputación, era parte de una cantidad de 3.5 millones de dólares que Emilio Lozoya habría cobrado como soborno, a cambio de que Pemex comprara a AHMSA la planta «chatarra» de Agronitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz, por un monto de 275 millones de dólares.
El dinero supuestamente ilícito que Gilda Lozoya transfirió desde el extranjero fue para pagarle a María del Carmen Ampudia Cárdenas la compra de la casa de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares en 2012.
Al final de la audiencia del pasado lunes, la FGR volvió a pedir a la juez imponerle la prisión preventiva justificada, sin embargo, rechazó la petición porque la norma procesal considera que, de no ser desechada de plano la revisión de la medida cautelar, la audiencia debe realizarse durante las 48 horas siguientes a su solicitud.
Por ello, aplazó para este jueves su decisión, en buena medida, porque el abogado defensor Alejandro Rojas Pruneda -visiblemente molesto- manifestó que no podía leer las 150 fojas de nuevas pruebas que le entregó la FGR para discutir la libertad o la prisión preventiva de su clienta.
«Que no les corra prisa por querer meterla a la cárcel, por favor, esta es una vulgaridad. No requiero ser ‘La Paca'», dijo Rojas, en referencia a la vidente Francisca Zetina, acusada de «sembrar» los restos del diputado Manuel Muñoz Rocha, supuesto implicado en el asesinato de Francisco Ruiz Massieu en 1994.
«Siento que es un proceso desaseado para lograr un fin, lo he vivido desde el 2020 con el coimputado (Emilio Lozoya) y no voy a permitir que se vuelva a repetir».
Rojas acusó el lunes que, cuando todo parecía que resolvería a su favor, la juez García Peralta recibió una llamada telefónica y suspendió durante una hora la audiencia por un «problema técnico», para luego regresar y vincular a proceso a su clienta.
Abel Barajas
Agencia Reforma