CIUDAD DE MÉXICO. Tras afirmar que el proceso contra el ex Gobernador de Baja California Ernesto Ruffo es de carácter criminal y no político, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el pronunciamiento de 25 ex Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica que denunciaron una persecución en su contra.
La Mandataria pidió a los integrantes del Grupo IDEA revisar la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la investigación por contrabando de combustible.
«Repito, no tiene nada que ver con un tema político. Es un tema criminal», afirmó.
Sheinbaum sostuvo que Ruffo es investigado por su probable participación en el ingreso ilegal de combustible al País y por el fraude ocasionado a la Hacienda Pública mediante la evasión de impuestos.
«Quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito», expresó.
La Presidenta reconoció que el ex Gobernador de Baja California debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia, pero aseguró que la Fiscalía presentó elementos suficientes para conseguir una orden de aprehensión.
Añadió que el proceso no se limita al panista, ya que otras siete personas fueron detenidas como parte de la misma investigación.
«Hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez. Esta persona, junto con otros siete, fueron detenidos por este delito», señaló.
Ayer, el Grupo IDEA difundió una «Declaración sobre la criminalización política en México», en la que calificó el proceso contra Ruffo como una «persecución política instrumentada desde el poder» y un «acto de venganza política».
El pronunciamiento fue firmado por los ex Presidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón; los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe, Andrés Pastrana e Iván Duque, y el argentino Mauricio Macri.
También lo suscribieron ex Mandatarios de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Los firmantes acusaron que Ruffo fue privado de la libertad sin respeto al debido proceso ni a la presunción de inocencia, y vincularon su detención con la reforma al Poder Judicial y la elección popular de juzgadores.
La FGR rechazó que Ruffo sea perseguido por sus ideas o vínculos políticos y afirmó que el proceso deriva de su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos por ferrocarril, en el que fueron integrados 96 datos de prueba, incluidos dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía, criminalística e identificación de hidrocarburos.
La investigación comprende 170 ferrotanques con aproximadamente 18 millones de litros de combustible asegurados en julio de 2025 y un daño fiscal formalmente imputado superior a 100 millones de pesos.
Claudia Guerrero
Agencia Reforma