Prevenir la tortura: una obligación de las instituciones de justicia
La prohibición de la tortura es uno de los principios más importantes en un Estado democrático de Derecho. No admite excepciones, justificaciones ni circunstancias extraordinarias. Sin embargo, la prevención de la tortura no depende únicamente de las leyes que la prohíben, sino de las acciones cotidianas que realizamos las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.
Desde mi función como fiscal, considero que la prevención de la tortura debe entenderse como una responsabilidad permanente que va más allá de investigar y sancionar conductas ilícitas. Implica promover una cultura institucional basada en el respeto irrestricto a la dignidad humana, fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que toda actuación de las autoridades se realice dentro del marco legal y con apego a los derechos humanos. La visión progresista del Maestro Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, ha generado una apuesta por la prevención de los delitos, encaminada a la disminución de la incidencia delictiva.
Durante muchos años se creyó que la eficacia de una investigación dependía, en gran medida, de la obtención rápida de confesiones o declaraciones. Hoy sabemos que esa visión no solo es incompatible con los derechos humanos, sino también con una procuración de justicia moderna y profesional. Las investigaciones sólidas se construyen mediante evidencia científica, trabajo técnico y procedimientos legales, no mediante la coacción o cualquier forma de violencia.
La tortura produce consecuencias devastadoras. Afecta a la víctima, a su entorno familiar y a la confianza que la sociedad deposita en las instituciones. Además, compromete la legitimidad de las investigaciones y debilita la credibilidad del sistema de justicia. Por ello, prevenirla debe ser una prioridad para todas las autoridades que intervienen en tareas de seguridad, investigación y atención a víctimas.
Uno de los pilares de la prevención es la capacitación constante de las personas servidoras públicas. Conocer los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos permite identificar riesgos, corregir prácticas inadecuadas y fortalecer una actuación profesional. La formación continua no debe verse como un requisito administrativo, sino como una herramienta fundamental para garantizar que el ejercicio de la autoridad se desarrolle dentro de los límites que establece la ley.
Otro aspecto esencial es la detección temprana de posibles casos de tortura o malos tratos. La atención oportuna de indicadores físicos, psicológicos o contextuales puede evitar que las vulneraciones continúen y permite activar mecanismos de protección para las víctimas. En este sentido, el trabajo coordinado entre personal ministerial, profesionales de la psicología, medicina y trabajo social resulta indispensable para brindar una respuesta integral.
La prevención de la tortura también exige comprender que el respeto a los derechos humanos y la eficacia institucional no son objetivos opuestos. Por el contrario, una investigación realizada con legalidad, objetividad y profesionalismo tiene mayores posibilidades de generar resultados sólidos y sostenibles. La justicia obtenida mediante procedimientos respetuosos de la dignidad humana es la única que puede considerarse verdaderamente legítima.
Como fiscal, estoy convencido de que la lucha contra la tortura comienza con la prevención. Toda actuación apegada a la ley, intervención profesional y cada decisión orientada a proteger la dignidad de las personas, contribuye a fortalecer el Estado de derecho. La erradicación de la tortura no depende únicamente de sancionar a quienes la cometen, sino de construir instituciones capaces de prevenirla desde su origen.
La verdadera fortaleza de las instituciones de justicia no radica en el uso del poder, sino en su capacidad para ejercerlo con responsabilidad, legalidad y pleno respeto a los derechos humanos. Solo así podremos consolidar una justicia que genere confianza y responda a las legítimas expectativas de la sociedad.
*Columna colectiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
**Fiscal Especializado de Derechos Humanos, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la FGJEZ