OTRA VEZ REPRESIÓN
Otra vez la gobernanza incurrió en actos de represión que le pueden salir muy caros. Una caballería integrada por feministas, mineros, abogados, magisterio, alumnos y docentes de la UAZ salió en defensa de productores de frijol y estudiantes que fueron reprimidos por policías estatales y de la FRIZ. Once personas fueron detenidas (incluyendo mujeres jóvenes y gente de la tercera edad), lo que detonó la indignación de académicos y líderes sindicales, como Jenny González, del SPAUAZ; Marcelino Rodarte, del SNTE 58; Norma Castorena, del Sntsa 39; y Samuel Flores, de la Utzac, entre otros. Y todos ya se unieron para una megamarcha este lunes, en la que exigen las cabezas del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes; y el jefe operativo de Alimentación para el Bienestar, Ángel Olais. La represión del 8M de 2024 no se olvida. En 2026, la gobernanza repite otra porque no se han solucionado las demandas de los agricultores. Los funcionarios estatales solo dicen que son de competencia federal.
FUNCIONARIOS NERVIOSOS
Desde la tarde del jueves y hasta casi las 3 de la madrugada del viernes, varios diputados fueron retenidos como parte de la protesta de los productores. Pero los mismos legisladores juraron que no procederían. Después, llegó un documento de la Fiscalía con medidas cautelares para personal de la Secretaría General de Gobierno. Rodrigo Reyes declaró que no las pidió él y que son para servidores públicos que, según dijo, fueron amenazados. Pero el abogado Jorge Rada afirma lo contrario: que Mugüerza sí buscaba protegerse. Rodrigo acusa que los frijoleros, quienes exigen que les reciban sus cosechas a 27 pesos el kilo, ya transgredieron el límite de la libre manifestación y que hay intereses políticos en la protesta. Pero los campesinos insisten en que piden un precio justo y les cumplan lo acordado el 29 de marzo tanto con autoridades federales como estatales. Si el precio de garantía caducó, recriminan, fue culpa de Ángel Olais. Ahora les quieren pagar el frijol a 16 pesos.
MÁS REPROCHES
La senadora Claudia Anaya y los diputados federales de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, Ulises Mejía y José Narro condenaron la represión a los campesinos por parte de la policía estatal, que no quería que se manifestaran en el concierto de Ricardo Montaner. Mientras tanto, el gobernador David Monreal advirtió que con las protestas e inconformidades con el programa de acopio de frijol, está el riesgo de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo desaparezca, “ojalá y no”. Muchos productores afirmaron que no alcanzaron a ingresar su producto, y en la gobernanza les dicen que las bodegas están llenas y que acepten los 16 pesos el kilo del programa de ampliación.
EN SUSPENSO
Una ofensa para padres de familia, directivos y magisterio resultó el anuncio del titular de la SEP, Mario Delgado (muy amigo del diputado Óscar Novella, por cierto), de adelantar el fin del ciclo escolar para tener casi tres meses de vacaciones. Tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum echó pa’ atrás el anuncio y aclaró que todavía se está valorando. En la Secretaría de Educación de Zacatecas esperan que este lunes definan fechas. Los venenosos advierten que no habrá tantos días de descanso como los que se planteaban en un inicio, mientras que entidades no morenistas, como Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes, batearon a Delgado desde un principio. Sergio Velázquez, de Transportes de Guadalupe, dice que si aprueban el plan original de la SEP, será un segundo trancazo a los concesionarios; el primero, se lamenta, fue el aumento de solo un peso al costo del pasaje.
ENROQUE EN PODER JUDICIAL
Lenguas viperinas revelan que, para ocupar uno de los dos puestos más en el Órgano de Administración Judicial, tal y como ordenó la Suprema Corte, ya suena el nombre del magistrado presidente, Carlos Villegas. El villanovense sabe que está próximo a salir en la siguiente elección judicial, pero si salta al Órgano de Administración, puede prolongar su permanencia en el Poder Judicial. Ese camino al que ya le echó el ojo Villegas no es nuevo. Es la misma estrategia que aplicó Martha Elena Berumen, cuando pasó de magistrada a ser una de los tres consejeros que conformaron el órgano en un inicio.