ZACATECAS. Derivado de las detenciones, agresiones y actuaciones policiales contra las recientes manifestaciones de campesinos, un grupo de abogadas y abogados del estado informó que ha iniciado diversas acciones jurídicas y solicitudes formales de información dirigidas a autoridades estatales.
Precisaron que sus acciones, que son de manera totalmente pro bono, son con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo y para evitar que posibles abusos de autoridad queden impunes.
El abogado Jorge Rada Luévano difundió el escrito dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y su Órgano Interno de Control, a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Junta de Coordinación Política de la 56 Legislatura del estado.
Entre las solicitudes realizadas se encuentra la identificación de los mandos y elementos de seguridad pública que participaron en los operativos, así como la preservación inmediata de videos, cámaras corporales, grabaciones del C5, patrullas, drones y cualquier otro material audiovisual relacionado con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Multiforo.
Asimismo, pidieron copia de partes informativos, bitácoras, informes homologados y documentación operativa utilizada durante los despliegues de seguridad, además del fundamento jurídico y los protocolos aplicados para el uso de la fuerza y el control de manifestaciones.
El grupo de litigantes solicitó información detallada sobre las detenciones efectuadas, incluyendo horarios, motivos, autoridades que ordenaron los aseguramientos y la situación jurídica de las personas detenidas.
Dentro de las acciones promovidas también hay una solicitud para investigar posibles responsabilidades administrativas, excesos en el uso de la fuerza, violaciones a derechos humanos y actuaciones contrarias a los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
En su mensaje en redes sociales, el abogado Jorge Rada señaló que estas acciones no tienen motivación partidista ni buscan confrontación política, sino garantizar que ninguna persona sea objeto de actuaciones arbitrarias y que toda intervención de la autoridad se encuentre sometida a la Constitución, a la ley y al escrutinio público.
“La protesta social jamás debe convertirse en pretexto para normalizar detenciones ilegales, uso excesivo de fuerza o criminalización de ciudadanos, estudiantes, periodistas o productores del campo”, expresó el litigante, al sostener que Zacatecas merece instituciones que resuelvan los conflictos sociales con legalidad, diálogo y respeto a los derechos humanos.
