CIUDAD DE MÉXICO .- La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República detectaron uno de los mayores casos de lavado de dinero de la última década en México y que asciende a casi 10 mil millones de pesos en un periodo de menos de tres años.
La suma se encuentra en el rango del presupuesto que tiene asignado para este año la Secretaría de Relaciones Exteriores, que asciende a 9 mil 294 millones de pesos, o de Gobernación, que es de 9 mil 959 millones de pesos.
El caso corresponde a las operaciones de las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas de ellas declaradas por el Servicio de Administración Tributaria como «factureras» en forma definitiva.
De acuerdo con una indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), sólo en los periodos del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018 y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019 estas razones sociales registraron 17 mil 566 depósitos por 9 mil 631.8 millones de pesos.
Y en el mismo periodo hicieron 55 mil 644 retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos, varios de ellos a través de movimientos en favor de cientos de personas físicas y morales, algunas también incluidas por el SAT en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Por el volumen de recursos, la FEMDO solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informar si las empresas tenían antecedentes o autorización para realizar operaciones de centros cambiarios o de transmisión de dinero
«No se encontró ninguna entidad financiera bajo las denominaciones Optimización Dalga, Lovies, OHAT y Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería, no existe ningún antecedente o autorización», respondió el 10 de enero de 2024.
La investigación establece que las empresas fueron constituidas en 2015 ante Notarios Públicos de la Ciudad de México y del Edomex. En las tres empresas aparece el nombre de Vicente Estrada Viveros.
En Optimización Dalga, en la que figuran como accionistas Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal, Estrada aparece como apoderado.
En Lovies es accionista, al igual que Rafael Solano López, aunque en esta empresa la administradora es Claudia Guzmán Salazar.
Y en OHAT, Estrada es también apoderado legal, mientras que Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila aparecen como accionistas y este último además como administrador.
Las empresas registraron operaciones con personas físicas de la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Fuentes federales informaron que la FGR ya llevó este caso ante un juez y está a la espera de llevar a cabo una audiencia para imputar a las seis personas mencionadas por el delito de lavado de dinero.
Por el monto, este es uno de los tres casos judiciales más relevantes de lavado de activos, ya que sólo está por detrás del asunto de Juan Carlos Minero Alonso, presidente de Black Wallstreet Capital, procesado por el blanqueo de 15 mil millones de pesos entre 2014 y 2022.
El tercer expediente de alto perfil que fue judicializado es el de Manuel Rodolfo Trillo Hernández «La Trilladora», presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, a quien le imputaron el blanqueo de 6 mil 119.8 millones de pesos de 2013 a 2018.
Abel Barajas
Agencia Reforma