CIUDAD DE MÉXICO. La Barra Mexicana de Abogados (BMA) urgió al Gobierno federal a aceptar la colaboración internacional en materia de desaparecidos, y pidió evitar la descalificación política ante las conclusiones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Este Comité decidió remitir la situación mexicana a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a fin de que considere adoptar medidas que apoyen al Estado parte a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en el País, lo que ha provocado el rechazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
«La BMA subraya que la respuesta institucional no debe ni puede centrarse en la descalificación política de la decisión del comité, sino en la colaboración del procedimiento que se lleve a cabo por la Asamblea», sostuvo el colegio de abogados, uno de los tres más representativos del País.
«La BMA exhorta al gobierno a aceptar la ayuda internacional que en su caso se extienda, para lograr la construcción de resultados verificables, medibles en cuanto a localización de personas, identificación de restos, judicialización de responsables y reparación integral a las víctimas».
Firmado por la Presidenta de la BMA, Ana María Kudisch, el comunicado exhorta a los Poderes federales y locales, así como a fiscalías y comisiones de búsqueda de personas, a adoptar varias medidas, entre ellas, fortalecer los mecanismos de búsqueda, asignándoles presupuesto, autonomía y verdadera coordinación institucional.
Además, profesionalizar las investigaciones ministeriales y judiciales, garantizar la protección a familiares, colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos, y consolidar registros nacionales confiables, transparentes y consultables, entre otras.
«En un Estado constitucional y democrático, la cooperación con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos no debe entenderse como injerencia, sino como una oportunidad para fortalecer la legalidad, la justicia y la confianza pública.», afirmó la BMA.
«México no puede normalizar el dolor de miles de familias ni postergar la respuesta que exige esta tragedia nacional. El cumplimiento de las recomendaciones internacionales es hoy una obligación jurídica, ética y civilizatoria».
Víctor Fuentes
Agencia Reforma