CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno de México rechazó el informe que realizó el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU tras acusar que está desactualizado y carece de rigor jurídico.
A través de un comunicado conjunto realizado por las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, negó que permita o tolere desapariciones forzadas.
Asimismo, señaló conflicto de interés puesto que -dijo- uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra México.
En su informe, el Comité advirtió que la recurrencia de las desapariciones en el País tienen que ver con fallas estructurales en el sistema de búsqueda mexicano.
Asimismo, advirtió que en algunos casos -como Jalisco- han participado autoridades locales y se ha documentado la falta de respuesta del Estado.
El Gobierno reprobó el informe por considerar que es parcial, sesgado y tendencioso, al referirse a casos que ocurrieron en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Añade que antes de emitir el documento, omitió considerar la actualización de información que la Secretaría de Gobernación presentó el pasado 27 de marzo.
«El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia», defendió la Administración actual.
El propio Comité reconoce que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión, añadió.
«El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender ese flagelo», defendió.
Para ello, enlistó una lista de 10 acciones emprendidas en abril de 2025, bajo la administración de Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación, quien quedó a cargo de coordinar la reforma en materia de desaparición, tras el hallazgo de un narcorrancho con ropa y pertenencias de personas, en Teuchitlán, Jalisco.
Entre ellas destacan los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad, así como la obligación de abrir una carpeta de investigación desde el primer momento en que desaparece una persona.
El Gobierno mexicano reiteró su disposición a cooperar con organismos internacionales, pero aclaró que no lo hará a partir de premisas que no reflejen la realidad actual.