ZACATECAS. Este viernes se realizó el Primer Encuentro Nacional de Autoridades Resolutoras en Materia Administrativa, que tiene como propósito el intercambio de experiencias, la homologación de criterios y el fortalecimiento de capacidades institucionales en el combate a la corrupción.
En el encuentro, realizado en la nave del Museo Rafael Coronel, participan autoridades de Órganos Internos de Control (OIC) de Colima, Morelos, Colima, Chihuahua, Jalisco, Durango y Zacatecas.
Durante la inauguración, la contralora de Jalisco, María Teresa Brito Serrano, sostuvo que las resoluciones en materia administrativa son uno de los instrumentos más efectivos, aunque subestimadas en el combate a la corrupción, ya que permiten sancionar conductas indebidas directamente en la estructura gubernamental, sin necesidad de llegar al ámbito penal.
Aunque no todos los actos de corrupción derivan en delitos, la mayoría sí implican responsabilidades administrativas, lo que refuerza la importancia de estos mecanismos como parte esencial del sistema anticorrupción, expuso.
Añadió que estos procesos también tienen un carácter preventivo, al contribuir a detectar, corregir y sancionar irregularidades en el servicio público.
Reconoció el esfuerzo conjunto entre Zacatecas y Jalisco para hacer posible este encuentro.
En su mensaje, la coordinadora nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, Alejandra Pani Barragán, destacó que este tipo de eventos representan no solo un ejercicio de diálogo, sino una práctica concreta de buen gobierno, al permitir el intercambio de experiencias, la homologación de criterios y el fortalecimiento de capacidades institucionales.
Afirmó que la justicia administrativa es un pilar fundamental para la integridad institucional, ya que cada resolución debe sustentarse en la legalidad, la imparcialidad y el compromiso ético para generar confianza en la ciudadanía.
En tanto, el secretario de la Función Pública de Zacatecas, Ernesto González Romo, destacó que el intercambio de experiencias entre autoridades resolutoras permite avanzar hacia criterios más homogéneos y eficaces en la aplicación de la ley, además de impulsar la profesionalización del servicio público.
