“El avance del registro obligatorio de líneas celulares en México no sólo es lento, es revelador. De acuerdo con datos oficiales que la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dio a conocer, únicamente 30 millones de líneas han sido registradas, de un universo de 161 millones en el país, este avance limitado demuestra que hay miedo y desconfianza” afirmó Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia y protección de datos personales.
La ex comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) explicó que, aunque se anunció una estrategia de difusión en espacios públicos, como transporte y portales gubernamentales, para incentivar el registro y prevenir delitos como la extorsión, el registro sigue sin avanzar.
Agregó que, en este contexto, la baja participación responde, en gran medida, a un factor central, la desconfianza. Pues millones de mexicanas y mexicanos enfrentan diariamente llamadas de extorsión, fraudes y mensajes engañosos, lo que ha convertido al teléfono celular en una herramienta de riesgo constante.
“Bajo estas condiciones, solicitar datos personales a compañías de telefonía, sin plena claridad sobre los mecanismos de resguardo, seguridad y responsabilidad en su tratamiento, genera desconfianza. A esto se suma que la instancia que asumió esta función, antes a cargo de un órgano autónomo como el INAI, mantiene un bajo perfil, opera con sigilo y genera un vacío en la información y difusión de los cuidados”, advirtió.
A estas preocupaciones se suman fallas y vulnerabilidades detectadas desde el inicio del padrón, incluidos reportes sobre posibles filtraciones de datos personales. Además, especialistas han advertido que mecanismos como el uso de números virtuales permiten evadir el registro, lo que pone en duda su efectividad como herramienta de seguridad.
Si bien el padrón se ha planteado como una medida para combatir delitos, su implementación ocurre en un entorno donde persiste la percepción y, en muchos casos, la experiencia de que los datos personales no están debidamente protegidos. “Esto debilita la credibilidad institucional y genera un mensaje contradictorio pues se exige información sin garantizar plenamente su resguardo” afirmó.
Además, Julieta del Río también resaltó la ausencia de una autoridad sólida, visible y confiable en materia de protección de datos personales. Sin supervisión efectiva ni sanciones claras, cualquier política basada en la recolección masiva de información enfrenta un déficit de legitimidad.
Aclaró que la lentitud en el registro no debe interpretarse únicamente como falta de cumplimiento, sino como una señal de alerta. Es el reflejo de una ciudadanía que duda y que, ante la incertidumbre, opta por proteger su información.
“Si el objetivo es combatir delitos como la extorsión, la estrategia no puede limitarse a la concentración de datos personales. Es necesario fortalecer las capacidades de investigación, mejorar la coordinación entre autoridades y garantizar la protección efectiva de la información” mencionó.
Sin embargo, aseguró que aún hay margen para corregir el rumbo. La autoridad debe transparentar sus procesos, establecer controles independientes y demostrar con hechos que los datos estarán protegidos. De lo contrario, el 30 de junio no será una meta alcanzada, sino la confirmación de una brecha de confianza que continúa ampliándose.
“La fecha establecida por la Comisión es el 30 de junio; aún hay más de 60 días para exigir a las compañías telefónicas información clara sobre avisos de privacidad, medidas de seguridad y responsables ante posibles vulneraciones que sufran los ciudadanos”, mencionó, y agregó que, en contraste, se observa un incremento en las llamadas de extorsión, robos y ataques informáticos en instituciones públicas, hechos documentados por el periodista de investigación Ignacio Gómez Villaseñor.
“Porque ningún registro será eficaz si quienes deben integrarlo no creen en él”, finalizó.