ZACATECAS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del Ayuntamiento de Río Grande en la controversia constitucional que interpuso en contra del Gobierno del Estado, por condicionar indebidamente la transferencia de servicios de tránsito y vialidad al Municipio.
En el proyecto de la ministra María Estela Ríos González a la controversia 191/2025, aprobado por unanimidad, se estableció que la transferencia solicitada por Río Grande es una obligación constitucional para la entidad.
Pese a ello, Ríos González expuso que el Estado había sujetado la transferencia al cumplimiento de requisitos adicionales, previstos en un decreto, “lo cual excede claramente el parámetro constitucional”.
Por ello se declararon inválidos los oficios que habían remitido el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; y el coordinador jurídico del Estado, Armando Ávalos Arellano, respecto al proceso de transición.
En tanto, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, apuntó que el Estado había duplicado el plazo de 90 a 180 días para realizar la transición de los servicios de Tránsito, lo que indicó es anticonstitucional.
Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propuso agregar al proyecto el antecedente de tres controversias, en los que se les había ordenado a gobiernos estatales transferir los servicios de tránsito a municipios.
GOBERNADOR LAMENTA RESOLUCIÓN
El gobernador David Monreal Ávila lamentó la resolución, en la que acusó ocurrencia e improvisación del ayuntamiento, “pero sobre todo en la malinterpretación o el mal uso de la atribución de ley”.
El morenista consideró que no es un tema de que el municipio hubiera ganado ni de una formalidad legal, “es un asunto de prioridad funcional. Si lo que más te demanda la gente es seguridad, pues debieras de estar invirtiendo en seguridad”.
Advirtió que el crimen organizado “frente a la vulnerabilidad de los municipios ha querido invadir, intervenir. No quiero hablar de más, pero hay conocimiento de causa de cómo se han querido meter a través de diferentes municipios”.
Expuso que el asunto es delicado y en Río Grande deben ser advertidos. Planteó también que la municipalización de tránsito fuera un asunto que debiera decidirse mediante una consulta popular.