El nuevo revés de la Corte
El 1° de diciembre del 2018, después de rendir protesta como presidente de la República, López Obrador se comprometió en el Zócalo a mantener relaciones respetuosas con los Poderes Legislativo y Judicial, textualmente dijo: “el Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes”.
Lamentablemente no fue así, López Obrador enfureció cuando la Corte le anuló el denominado Plan B en materia electoral por graves violaciones al proceso legislativo, cuando declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, cuando invalidó el acuerdo que declaraba al Tren Maya y al AIFA como obras de seguridad nacional para evitar transparencia y cuando concedió múltiples amparos contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
Ante éstos y otros reveses, AMLO se propuso adueñarse de la Corte a través de una reforma que planteaba la elección por voto popular de Ministros, la reforma se concretó en su sexto año después de hacerse de una súper mayoría ilegítima en el Congreso; ya encarrerado dispuso la destitución de todos los jueces y magistrados, federales y locales, de todo el país. La mayoría de las nuevas personas juzgadoras, con muy bajo perfil, fueron electas en la peor elección de la que se tenga memoria a través de los vergonzosos acordeones.
Las facultades que tenían los Consejos de la Judicatura pasaron a los Órganos de Administración Judicial y a los Tribunales de Disciplina Judicial; el primero quedó integrado por tres Consejeros del Poder Judicial, otro designado por el Ejecutivo y uno más designado por el Senado “por mayoría calificada”.
En Zacatecas, para evitar burocracia, no había Consejo de la Judicatura, los magistrados integrantes del Pleno tenían, por el mismo sueldo, responsabilidades jurisdiccionales, administrativas y de vigilancia.
Pues el 27 de diciembre del 2024, en plenas vacaciones navideñas, se llevó a cabo un sorpresivo y acelerado período extraordinario de sesiones en el que nuestros diputados reformaron la Constitución local, le quitaron al Pleno del Tribunal prácticamente todas las atribuciones que tenía y se las pasaron íntegras al Órgano de Administración Judicial, solo que éste quedó integrado no con cinco sino solo con tres consejeros, uno designado por el Poder Judicial, otro por el Gobernador y el otro por la Legislatura pero mediante “mayoría simple”; fue así como el control del Poder Judicial de Zacatecas pasó a manos del Ejecutivo y de Morena anulando totalmente su autonomía e independencia.
Este albazo contradijo el discurso de toma de posesión del gobernador David Monreal del 12 de septiembre del 2021 cuando, al igual que AMLO, se comprometió a respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial de Zacatecas; como olvidar que en mayo del 2022, en un acto sin precedentes, los tres poderes del estado suscribieron la iniciativa de Ley Orgánica que, entre otras cosas, estableció la carrera judicial y proscribió el nepotismo.
Y el cochinero no paró ahí, el 10 de junio del 2025 la Legislatura abrogó toda la Ley Orgánica del Poder Judicial del 2022 y sus reglamentos, en su lugar promulgó una nueva redactada francamente con las patas; por ejemplo, rasuraron requisitos para ser magistrado, el artículo 116 de la Constitución General de la República exige no haber ocupado el cargo de titular de Secretaría o su equivalente durante el año previo, pues aquí un vivales deliberadamente lo suprimió.
Todo ello obligó a que 10 diputados del PRI, PAN y PRD interpusieran una acción de inconstitucionalidad ante la Corte quien resolvió que el Órgano de Administración como está actualmente integrado es contrario al modelo federal, invade la autonomía judicial, permite una injerencia o intromisión directa de los otros poderes violando el principio de división de los mismos.
La resolución es de la mayor importancia porque permitirá recuperar la dignidad de la judicatura zacatecana, es increíble que quien actualmente preside el Órgano sea la consejera designada por el Ejecutivo, pero quien verdaderamente decide todo es una persona totalmente ajena al Poder Judicial, se llama Eulogio Monreal Ávila y es hermano del gobernador. Sus decisiones han provocado una lluvia de amparos que también los van a perder y se dice que indebidamente han hecho uso de recursos ajenos del Fondo Auxiliar.
El nuevo revés de la Corte se suma al del segundo piso y al de la municipalización del tránsito; en fin, ojalá que los magistrados elijan como consejeros a personas que conozcan, respeten y defiendan al Poder Judicial, no a simples integrantes de la mentada secta.