Los delincuentes electorales y el exhorto de la Presidenta
Antes de viajar a la IV Cumbre en Defensa por la Democracia, celebrada en Barcelona, España, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a funcionarios y legisladores que desean competir por un puesto en los comicios del 2027, a renunciar y/o a pedir licencia, para garantizar equidad, imparcialidad y legalidad en las elecciones.
La pregunta es, cuántos en Zacatecas harán caso a ese llamado, convocatoria que, por cierto, se ha secundado ya en otros estados de la República.
Lo real es que, los servidores públicos que utilicen las estructuras gubernamentales y los recursos públicos para promoverse, incurren en ilícitos y caen en el supuesto de ser calificados como presuntos delincuentes político/electorales. Y en Zacatecas hay muchos casos.
Para no pervertir las bases de la democracia, una condición necesaria, lo argumentan todos los especialistas, se encuentra en respetar invariablemente la Ley.
Y eso, desgraciadamente, no está sucediendo en Zacatecas, porque existen muchos personajes anticipados, sin que las instancias jurisdiccionales actúen para ponerles límites y sancionarlos. Y eso violenta innumerables normas jurídicas.
Recordemos tan solo que el Artículo 134 de la Carta Magna, establece que los recursos públicos deben utilizarse con eficiencia, honestidad y transparencia e impide su uso con fines de promoción personal, bajo el riesgo de ser sancionados, incluso con la aplicación de la pena de prisión.
Esa misma norma constitucional, más allá sí se está en un escenario de elecciones, prohíbe que la propaganda institucional de los poderes públicos, incluya nombres, imágenes, voces o símbolos, que promuevan de manera personal a cualquier funcionario. Lo contrario, implica incurrir en actos ilícitos.
El uso de recursos públicos para la promoción personal de servidores públicos en procesos electorales, es a todas luces una conducta profundamente ilícita y éticamente inmoral, que viola los principios de equidad, imparcialidad y legalidad.
Y en Zacatecas, muchos personajes políticos, interesados por competir por un puesto en los comicios del 2027, han incurrido ya en la comisión delictiva que amerita no sólo de amonestación pública, sino de la aplicación de sanciones más severas, que ponga orden y que impida que se conculquen los valores de la democracia, entre ellos el del respeto a la Ley.
La propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en su Artículo 3, párrafo 1, inciso “a”, prohíbe los actos anticipados de campaña. Y se sanciona a quienes incurran en ellos.
La mencionada Ley define los actos anticipados de promoción electoral, como aquellas “expresiones que se realicen, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de las etapas de campaña”, que para tal efecto establece el marco legal vigente.
La normatividad vigente en la materia establece sanciones para quienes violenten las leyes electorales, que van desde la amonestación pública, inhabilitaciones, castigos administrativos y la prisión, para los presuntos delincuentes.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su Artículo 26, considera incluso la actuación de oficio del Ministerio Público, en caso de la comisión de delitos electorales y es muy precisa en las sanciones que deben aplicarse, para impedir la impunidad.
Algunos infractores con criterio “leguleyo” podrán argumentar que dichas normas solo podrán aplicarse a partir de que inicien formalmente los comicios, y el proceso electoral 2026-2027 comienza en el mes de septiembre próximo. ¿Tienen razón? Claro que no.
El Artículo 134 de la Constitución define con claridad que los recursos del pueblo no pueden utilizarse con fines de promoción personal, se esté o no en período electoral. Y lo menos que puede hacerse, en tal sentido, es la aplicación a los infractores de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En Zacatecas existen innumerables actores que son violadores de la Ley y que se han convertido en presuntos delincuentes, por el registro de múltiples actos anticipados de campaña y el uso de bienes públicos, sin que se les sancione. Y eso se le califica como impunidad, que pervierte los valores de la democracia.
EL EXHORTO DE LA PRESIDENTA:
La convocatoria formulada por la presidenta Sheinbaum, para que renuncien los funcionarios públicos que deseen competir por un puesto en los comicios del 2027, tiene un sentido ético, de equidad y legalidad. ¿Se hará caso a su convocatoria en Zacatecas?