REFORMA A UNA REFORMA
A la coordinación jurídica, a cargo de Armando Ávalos, se le habría pasado que 10 días antes de que se leyera una iniciativa del gobernador David Monreal, para endurecer los castigos por abuso sexual, se había publicado una reforma que promovió la diputada Isadora Santiváñez, con el mismo tema. Ambas coinciden en dos artículos del Código Penal: 231 y 232. En el primero, los dos proyectos establecieron de seis a 10 años de cárcel por abuso sexual; en el segundo, cuando las víctimas son menores, la priísta contemplaba un rango de ocho a 15 años de prisión, según la edad; en tanto la propuesta del Ejecutivo, de seis a 13, aunque duplicando las penas en caso de violencia. Hay quienes cuestionan, como el magistrado presidente Carlos Villegas y el abogado penalista Iván Casas, si aumentar los castigos es la mejor manera de reducir los delitos.
EXCLUSIÓN ALONSISTA
El líder estatal del PRI, Carlos Peña, quiere ser candidato a gobernador, pero ni a los ex presidentes de su partido les da trato. De eso se quejó el ex dirigente Daniel Dávila. Acusa al diputado local alonsista de no querer recibirlo. Ese desplante se hizo evidente hasta en un grupo de Whatsapp de priístas, en el que Peña negaba todo. Según él, el partido es de puertas abiertas, pero las lenguas viperinas dicen que solo para los alonsistas. Nomás a la hora de hacer la chamba para buscar afiliaciones, el diputado se acuerda de los priístas marginados, que son la mayoría de los que tienen en el padrón. Por eso, algunos ya se fueron a MC.
PLEITOS EN GUADALUPE
Al menos para los regidores morenistas de Guadalupe, Enrique Flores es insoportable. Dicen que su compañero inhabilitado los toma por ignorantes y ha tratado de asustarlos con observaciones del auditor Raúl Brito (con quien presume cercanía), referente a sus informes trimestrales. Por eso, los venenosos guindas quisieran que el regidor Luis Gerardo Flores, hermano y suplente de Enrique, cerrara la administración. Otro resentimiento en cabildo lo comparten Laura Ruelas y Omar Dionicio García. La regidora naranja acusa supuestos enjuagues para la aprobación y rechazo de comerciantes que se instalan en el jardín Juárez, pero el marido de Roxana Muñoz, presidenta estatal de Morena, dice que los acuerdos se han tomado entre todos, y que Laura ha estado ahí.
INFLUYENTISMOS
Las cosas se calentaron en el cabildo de Miguel Auza porque el alcalde Arturo Calderón pretendía comprarle una retroexcavadora en 570 mil pesos a Diego Perales, hijo del ex presidente municipal Armando Perales, ya fallecido. La oposición reclamó que se trataba de un pago político y la compra no se concretó. Otro caso en el que se acusó influyentismo fue el de la regidora de Sombrerete Valeria Lozano y el ex director del DIF municipal, Panchito Hernández, señalados de irse sin pagar de un restaurante de mariscos. Efectivamente, el alcalde Ramiro Hinojoza confirmó que a se le olvidó llevar dinero, pero que no tardó en mandar pagar su cuenta de 160 pesos; de la regidora, el primer edil asegura que es “una muchachita muy tranquila” y que no toma, aunque hay quienes dicen que había actuado muy prepotente en el restaurante.
AGUAS TURBIAS EN JIAPAZ
Aunque en la 4T presuman que son claros y transparentes, en la JIAPAZ (y en muchas otras instituciones) no pueden decir eso. El director de la junta, David García, y la ex regidora de Guadalupe Carla Tena no quieren que se sepan los resultados de los últimos análisis químicos del agua de los sistemas de distribución. Hace unos días, blindaron esos datos como información clasificada y “sensible”. ¿Por qué será?
Este jueves estará en Zacatecas Cristina Ibarra, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas. Designará como vicepresidente regional a Juan Carlos Pérez, ex coordinador administrativo de la Función Pública.