CDMX. El cobro de piso que Diego Rivera Navarro impuso desde su llegada a la Alcaldía de Tequila, Jalisco, ocasionó el cierre de negocios y el deseo de los comerciantes de abandonar el municipio.
De acuerdo con la orden de aprehensión que llevó al Edil al penal del Altiplano, emitida en la causa penal 39/2026, la familia de un comerciante que le pedían cuota pidió dinero prestado para pagar la extorsión y el rescate de su pariente.
El pasado 10 de diciembre, bajo las siglas LEAR, el vendedor de artesanías narró a un agente de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la situación que padeció con la gestión del morenista.
Todo empezó en octubre de 2024, 15 días después de que Rivera asumiera como Alcalde de Tequila.
«Cuando el actual (10/12/2025) Presidente Municipal Diego Rivera Navarro tomó el cargo, las cosas comenzaron a cambiar, ya que empezó a cerrar muchos negocios, incluyendo el mío, sin que me mencionaran el motivo por el cual lo habían clausurado», relató.
«Presentándose conmigo Diego López Ibarra, quien es el jefe de Gabinete del Presidente Municipal, acompañado de Juan Manuel Pérez Sosa, el cual es el director de Seguridad Pública de Tequila, los cuales me exigieron un pago de 50 mil pesos para que pudiera volver a abrir mi local, por lo que al ser mi única fuente de ingresos me vi obligado a realizar el pago exigido».
El locatario entregó el dinero a Pérez Sosa, pero ese pago fue apenas el inicio de sus problemas.
Al tomar el efectivo, el jefe policiaco le advirtió que, a partir de ese momento y por órdenes del Alcalde, pagaría una «renta» mensual de 20 mil pesos o de lo contrario clausurarían su establecimiento y se «atendría a las consecuencias».
LEAR cumplió mes a mes con la cuota, hasta que el pasado julio enfermó su hijo y los gastos de esa emergencia le impidieron completar el pago de la extorsión.
Los jefes de gabinete y la Policía Municipal no tardaron en aparecer en su local para exigirle el cobro y, aunque el comerciante les explicó la situación y pidió una prórroga, el primero de ellos le respondió: «no estamos jugando, ya sabes las consecuencias que puedes tener si no pagas a tiempo».
«En ese momento Juan Manuel Pérez Sosa le ordenó a los policías que me sujetaran, golpeándome Diego López Ibarra y Juan Manuel Pérez Sosa indicándome que si en dos días no tenía el pago completo me iría peor, en ese momento comenzaron a causar destrozos en mi local, dejándome un papel donde venían varios números para que me comunicara inmediatamente cuando juntara el dinero», recuerda.
Los mismos funcionarios regresaron 48 horas después para reclamarle que no se había comunicado a los números telefónicos indicados y le preguntaron si ya había completado su mensualidad.
En ese momento, López Ibarra y Pérez Sosa, con el apoyo de varios policías, lo sujetaron y lo subieron a la fuerza a una patrulla, donde le cubrieron la cabeza con una tela, empezaron a golpearlo y a decirle una y otra vez que lo iban a matar.
Treinta minutos después de circular, la patrulla se detuvo y lo sacaron en un terreno baldío. Allí lo amarraron y continuaron los golpes. Después de un rato, le quitaron la tela de la cabeza y, para su sorpresa, vio que el Alcalde estaba con López y Pérez.
Rivera empezó a golpearlo en la cara.
«Me preguntó (el Edil) que por qué no había dado el pago mensual completo, mencionándole el motivo por el cual no pudo juntar todo el dinero, mencionándome que ese no era su problema y que hora por el incumplimiento del pago tendría que pagar una multa de 30 mil pesos o, de lo contrario, me entregarían al Cártel Jalisco para que me mataran y me desaparecieran, pagando también las consecuencias mi familia», contó.
«Con el miedo de que me fueran a matar o le hicieran algo a mi familia, les dije que les pagaría. Me preguntaron el número de mi esposa, al cual me comunicaron, mencionándole a mi esposa que debía de juntar 30 mil pesos o me matarían».
«Diego Rivera Navarro le dijo que si en dos días no tenía el dinero me matarían y que después irían por ella y mi hijo, colgando la llamada», relató.
La esposa tuvo que pedir prestado a sus familiares para juntar la totalidad de la cuota y finalmente entregarla a López Ibarra y Pérez Sosa. Los 30 mil pesos fueron también un pago de rescate.
Tras su liberación, LEAR no quiso presentar ninguna denuncia, porque dijo que las autoridades estatales estaban coludidas.
«Preferí cerrar mi local, ya que se me hacía imposible seguir pagando los 20 mil pesos mensuales debido a las deudas que ahora teníamos por lo sucedido», le dijo a la SSPC.