FRESNILLO. La incertidumbre por la falta de información oficial llevó a padres de familia a pedir una reunión con la rectora de la UPZ, Julieta Arteaga Carrillo, para que se les explique por qué no se ha resuelto el conflicto laboral que mantiene paralizadas las actividades académicas desde hace siete semanas.
Resaltaron que no ha existido un posicionamiento claro por parte de la Rectoría ni del gobierno del estado. La única información que tienen, dijeron, ha provenido de quienes encabezan esta protesta, personal docente y administrativo, aunque de manera esporádica y a través de redes sociales o medios de comunicación.
INSCRIPCIÓN PAGADA
Un padre explicó que son 1 mil 100 alumnos los afectados, mismos que pagaron cerca de 2 mil pesos por reinscribirse al cuatrimestre en enero, antes de que estallara el conflicto.
Sin embargo, continuó, a la fecha no han recibido una sola clase, lo que ha provocado la pérdida de más de la mitad del cuatrimestre. “Nuestros hijos ya van en quinto y prácticamente se está perdiendo el tiempo; esto ya no es sostenible”, expresó.
Por su parte, una madre de familia, cuya hija cursa el segundo cuatrimestre, expuso que si bien comprenden la exigencia de los maestros, quienes reclaman el pago retroactivo del aumento salarial del 4 por ciento que debió aplicarse desde 2025, la afectación recae en los estudiantes.
“No estamos en contra de los maestros, su lucha es legítima, pero esto ya llegó a un límite y alguien tiene que dar la cara”, aseveró.
QUEJAS
Los padres aprovecharon para denunciar las malas condiciones infraestructurales de la UPZ, como los centros de cómputo y su equipo obsoleto, salones con humedad y plafones deteriorados, además de que en los baños frecuentemente no hay papel higiénico ni jabón.
Destacaron que incluso circula el rumor de que las cuotas que pagan los estudiantes no se quedan en la institución, sino que se canalizan directamente al gobierno del estado, lo que explicaría la falta de recursos.
Por esto, hicieron un llamado urgente a Julieta Arteaga, a la administración estatal y a las autoridades educativas para que intervengan, atiendan las demandas laborales y garanticen el regreso inmediato a clases.
De no haber una resolución en el corto plazo, advirtieron, muchos estudiantes podrían abandonar la universidad o cambiarse de escuela, aun cuando ello represente una pérdida académica y económica para las familias.
