CDMX. En medio del secuestro de 10 trabajadores mineros en Sinaloa y el hallazgo de los restos de 5 de ellos en una fosa clandestina, más de 200 concesiones mineras que tenían asignadas empresas privadas serán devueltas al Estado mexicano por no encontrarse actualmente en producción.
La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que se trata de concesiones que no eran explotadas. «Se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano», anunció la Mandataria.
Sheinbaum explicó que lo que se busca evitar es que amplias superficies nacionales que no están en producción continúen concesionadas.
En la actualidad, la industria minera enfrenta una doble vulnerabilidad: la del crimen y la de la autoridad.
Analistas del sector consideran que el pago de derechos mineros se ha convertido en una carga financiera significativa para proyectos que no pueden operar por razones de seguridad, en casos como el secuestro de trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver o el cobro de extorsiones y derecho de piso en otros lugares.
A partir de 2026, una concesión con más de 11 años de antigüedad deberá pagar 212.36 pesos por hectárea cada semestre, aun cuando no haya producción.
Por ejemplo, una concesión de 5 mil hectáreas -tamaño típico en fases de exploración- implica un desembolso de más de un millón de pesos cada seis meses y alrededor de 2.1 millones de pesos al año solo para conservar el título.
A decir de expertos, en estados con alta incidencia delictiva, este cobro de derechos presiona la viabilidad financiera de los proyectos.
Por: Luis Fernando Castillo Gutiérrez