ZACATECAS. El proceso de extinción de los órganos garantes en las entidades federativas no ha seguido una ruta homogénea ni ordenada. Mientras algunos estados han concluido formalmente la transición, en otros persisten esquemas provisionales, ausencia de leyes secundarias y modelos administrativos que no garantizan autonomía técnica ni especialización.
“Estamos frente a un mapa nacional fragmentado, donde cada estado ha interpretado la transición a su manera, sin reglas claras y sin una visión común para garantizar derechos”, afirmó Julieta del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Aguascalientes fue la primera entidad en extinguir su instituto, en mayo de 2025, transfiriendo sus funciones a la Contraloría del Estado, sin presupuesto específico ni estructura especializada. Un esquema similar se replicó en Colima, Baja California Sur y Morelos, donde las atribuciones en materia de transparencia quedaron bajo instancias administrativas y no garantes de derechos.
“Cuando la transparencia se traslada a áreas administrativas sin autonomía ni especialización, el derecho se debilita y se convierte en un trámite, no en una garantía para la ciudadanía”, señaló Del Río Venegas.
En Jalisco, el instituto cerró operaciones en noviembre de 2025 sin que existieran previamente leyes secundarias que regularan la transición, lo que dejó un vacío institucional. Zacatecas extinguió su órgano en junio y, hasta ahora, no cuenta con un órgano desconcentrado que asuma formalmente las funciones.
Otros estados, como Sinaloa, continúan operando bajo esquemas transitorios sin plazos definidos ni claridad sobre el modelo sustituto. En San Luis Potosí, el instituto sigue funcionando, pero únicamente con dos comisionados, lo que ha afectado su capacidad resolutiva.
“Los esquemas provisionales no pueden normalizarse. La falta de definición institucional tiene consecuencias directas en la atención de recursos, en la protección de datos personales y en la confianza ciudadana”, advirtió.
Si bien entidades como Coahuila, Chiapas, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán y Tabasco han puesto en marcha órganos desconcentrados, los modelos son heterogéneos y carecen de claridad normativa, lo que fragmenta la garantía del derecho a la transparencia y se aparta del espíritu de la Ley General.
Recordó que los estados que han cerrado formalmente sus institutos son Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Colima, Baja California, Yucatán, Baja California Sur, Morelos y Durango.
En el caso de la Ciudad de México, el instituto permanece jurídicamente vigente, pero no puede sesionar debido a la falta de quórum, dejando en suspenso la resolución de asuntos y el ejercicio efectivo de derechos.
“El problema no es solo la desaparición de los institutos, sino la ausencia de una transición ordenada, con reglas claras, autonomía técnica y responsabilidad institucional. Mientras eso no ocurra, los derechos seguirán en pausa”, concluyó Julieta del Río Venegas.