ZACATECAS. El abogado Jorge Rada Luévano exigirá ante distintas autoridades que se investigue y/o acepten la responsabilidad por la crisis del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).
En este sentido, el litigante exigió a los diputados del Congreso del Estado que asuman su responsabilidad por reformas mal diseñadas y ejerzan control político real sobre el Issstezac.
También llamó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que inicie inspecciones financieras y de desempeño, a la luz de lo resuelto por la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y señale responsables del manejo del instituto.
A la Junta Directiva del Issstezac, dijo, “que deje de desacatar miles de sentencias de jueces federales y cumpla la ley”. Mientras que a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que deje de ser omisa e inicie procedimientos de responsabilidad administrativa y sanciones.
Por último, Rada Luévano puntualizó que la crisis no la causaron los pensionados, sino “las decisiones políticas equivocadas, omisiones graves y años de simulación, decir que ‘no es problema del gobierno’ es falso”.
“SE CORRIGIÓ REFORMA INCONSTITUCIONAL”
Mediante redes sociales, el litigante criticó las declaraciones del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, en las que descalificó la resolución de la Suprema Corte, al afirmar que “son jurídicamente incorrectas y políticamente irresponsables”.
Esto luego de que la SCJN validó el artículo 74 de la Ley del Issstezac, que contempla el recorte de 60 a 30 días de aguinaldo para los pensionados, pero solo para quienes comiencen a cotizar posteriormente a la entrada en vigor de la reforma, es decir, el 10 de agosto de 2024.
Rada Luévano consideró que esta resolución no destruyó el sistema de pensiones, sino que corrigió una reforma inconstitucional, donde puntualizó que “el Estado no puede declararse en quiebra ni usar ese discurso para recortar derechos”.
Además, expuso que “seguir hablando de quiebra es una mentira institucional que ha provocado daño económico y psicológico a jubilados, pensionados y adultos mayores”, por lo que cada declaración pública en ese sentido es un acto de autoridad y genera responsabilidad.