ZACATECAS. El despacho Studio Legale, encabezado por el abogado Jorge Rada Luévano, presentó una denuncia administrativa y política en contra de las autoridades estatales por su reiterado discurso institucional para sostener la “supuesta quiebra del Issstezac”.
El argumento del despacho es que el gobierno no debe utilizar recursos públicos como instrumento político y para justificar el incumplimiento de obligaciones constitucionales de seguridad social.
Luego de la acción de inconstitucionalidad resuelta este mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó el aguinaldo de 60 días a pensionados del Issstezac que cotizaron antes de la reforma de 2024, Rada Luévano y su equipo de abogados documentaron noticias en las que el gobernador David Monreal Ávila y el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, desacreditaron al máximo tribunal.
David Monreal dijo que el fondo de pensiones está “tronado” y que su administración no le destinará recursos porque “estamos hablando de la justicia y la justicia es ser justos con todos”.
El despacho presentó la denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Legislatura del estado por “hechos que constituyen faltas administrativas, violaciones estructurales a la Constitución, uso indebido de recursos públicos y conductas que pueden configurar responsabilidad política”.
En ese recurso, los litigantes solicitan informes al gobierno estatal sobre los convenios pagados y su vigencia a medios de comunicación que dieron a conocer las declaraciones del mandatario y del secretario general de Gobierno sobre la situación de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).
“Las diligencias aquí solicitadas no persiguen la libertad de prensa ni interferir con la línea editorial de los medios de comunicación, sino delimitar el uso constitucionalmente válido de los recursos públicos en materia de comunicación social, así como esclarecer si el estado utilizó su aparato institucional y presupuestal para sostener o amplificar un discurso contrario a la Constitución”, indica el equipo de abogados.
Una decena de pensionados acompañan la denuncia, al alegar una afectación en su esfera jurídica, económica y social.