JUCHIPILA. Trabajadores sindicalizados de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) denunciaron que el gobierno estatal destina 7 millones de pesos, de los 22 millones presupuestados, para los sueldos del personal de confianza. En tanto, se niega a aportar los 360 mil pesos que se requieren para el ajuste salarial de 4 por ciento de este año.
El Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UPSZ (STAAUPSZ) recriminó que el gobernador David Monreal Ávila se niega a aprobar el aumento salarial de 2025, aunque recientemente los cuatro funcionarios más importantes recibieron un bono que suma 100 mil pesos.
A la par, expuso que el gobernador se niega a aportar los 360 mil pesos para cumplir con el incremento, en contraste con el “casi medio millón de pesos [erogados] con el bono que ellos se dieron [los altos funcionarios]”.
SIN ÉXITO EN DIÁLOGOS
El líder sindical Armando Enríquez expuso que han tenido infinidad de acercamientos con la autoridad, pero sin obtener ninguna respuesta favorable a sus peticiones porque “un día nos dicen una cosa y otro día otra”, por lo que persiste el paro que este martes cumplió dos semanas.
Precisó que el plantel percibe ingresos propios anuales por inscripciones que alcanzan 1.2 millones de pesos, los cuales se lleva el gobierno estatal y no siempre lo regresa.
Señaló además que la plantilla laboral es de 62 personas, de las cuales alrededor de 12 son de confianza. Estas últimas se llevan un tercio del capítulo 1 mil, es decir, por pago de nómina.
Armando Enríquez criticó que, aunque ellos logran una mejora en las gestiones, los empleados de confianza “sacan hasta el punto y coma. Son muy minuciosos en las revisiones cuando se trata de lo que les conviene a ellos”.
Al respecto, detalló que con el aumento salarial los de confianza estarían recibiendo un ajuste de 3 mil pesos, mientras que para ellos representará solo 150 pesos.
LUCHAN POR SU SALARIO
El líder del STAAUPSZ sostuvo que el gremio lucha por que se cumpla con el pago del incremento salarial, pues “no hemos tenido ningún arreglo porque la Secretaría de Finanzas (Sefin) no ha aprobado.
“En cambio, sí exigió [la dependencia] que a los de confianza sí se diera ese bono y no hubo de otra que acatar la orden de finanzas”, reveló. Este recurso fue pagado a la rectora Rocío Moreno Sánchez, así como al director académico y administrativo y al abogado general.
Ante ello, anunció que el sindicato elaborará un convenio y lo firmará para que después sea depositado en el Tribunal de Justicia Laboral, donde se notificó también el emplazamiento a huelga.
Armando Enríquez recordó que ellos como trabajadores fungen como pari passu con lo que reciben, la mitad de la Federación y la otra del estatal, pero este último gobierno “es el único que ha fallado”.