CDMX. A pesar de la caravana de agricultores que con todo y tractores rodearon el palacio legislativo de San Lázaro y el llamado de la Oposición para posponer la discusión, Morena y sus aliados aprobaron en lo general la reforma que cambia el régimen de concesiones, asignaciones, explotación y distribución de aguas en el país.
La reforma que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley Nacional de Aguas fue avalada 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones en medio de una guerra de carteles, acusaciones y el reclamo de la Oposición por lo que calificaron como un «madruguete».
La reforma mantiene la desaparición de la transmisión de derechos, pero en su lugar introduce el mecanismo de «Reasignación de Volúmenes» en caso de transmisión de dominio de propiedades asociadas a un título de concesión.
Las reasignaciones de volúmenes deberán someterse a la aprobación del Comité del nuevo Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, que será presidido por el titular de Conagua y se integrará de diversas secretarías de Estado, entre ellas las de Hacienda y Bienestar.
La reforma le da nuevas facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua); entre ellas emitir las «medidas necesarias» y los acuerdos específicos de carácter transitorio o permanente para atender situaciones de emergencia, escasez y sobreexplotación, así como para garantizar la seguridad hídrica.
Indica que tratándose de actividades primarias de y uso agrícola y pecuario, la combinación de ambas no implicará un cambio de uso, introduce a la ley el concepto de «uso agropecuario familias», amplía de uno a dos años previos al término de su vigencia el plazo para solicitar prórrogas de concesiones
Además, crea nuevos «delitos contra las aguas nacionales», como el traslado doloso de aguas, alterar desviar u obstruir causes o flujos de agua y el otorgamiento de concesiones, asignaciones, prórrogas o permisos a cambio de beneficios, aumenta multas y establece que quedan exceptuados de las sanciones «las personas que realicen esta actividad para uso personal, doméstico y agropecuario familiar».
El priista Humberto Ambriz acusó que la reforma crea inseguridad jurídica, porque prohíbe la transmisión libre de derechos de agua, al establecer que no habrá transferencias automáticas de concesiones cuando se arrienden, vendan o hereden las tierras, porque ésta quedará sujeta a la autorización discrecional de la autoridad.
«Esto implica que la parcela quedará dividida: la tierra por un lado y el agua por el otro», afirmó.
El legislador aseguró que los cambios centralizan el otorgamiento y la reasignación del agua en una autoridad federal que tendrá amplias facultades discrecionales, desplaza a los organismos de cuenca, limita la autonomía regional para gestionar el agua y pretende condicionar prórrogas y reasignaciones al cumplimiento fiscal e incrementa multas e introduce delitos hídricos.
«La reforma pretende condicionar prórrogas y reasignaciones al cumplimiento fiscal y a los criterios de responsabilidad hídrica sin parámetros claros, lo que abre la puerta a usar el agua como un instrumento de control político y recaudatorio», sostuvo.
El panista Paulo Gonzalo Martínez aseguró que las modificaciones a la ley de aguas son peligrosas, porque un proyecto con más de 90 cambios de última hora no se sostiene por sí mismo y no resuelve los problemas de fondo.
Acusó a la mayoría de querer meter toda el agua al fondo de reserva para administrarlo desde la Federación y para que una persona, desde un escritorio decida a quién riega, quien siembra, quien produce, quién sobrevive y hasta quién va a sembrar; no obstante, advirtió que Conagua no tiene la capacidad técnica ni operativa para cumplir con la carga que le quieren imponer.
El diputado coincidió en que la reforma deja en total incertidumbre a los productores, toda vez que no garantiza las transmisiones del derecho de agua, impide la reposición de pozos y criminaliza con sanciones penales a los productores del campo.
Annia Sarahí Gómez, del PAN, dijo que con la reforma el campesino se convierte en sospechoso y el burócrata en duelo. Como ejemplo dijo que mientras los agricultores del norte viven con pozos secos, la familia de la morenista Olga Sánchez Cordero acumula más de 2.6 millones de metros cúbicos al año en Nuevo León.
«En esas listas que tanto han mencionado, mencionan los nombres de quienes sí son ganaderos o agricultores, la ex Ministra de Corte, Olga Sánchez Cordero es notaria, ¿para qué quiere una concesión de 2.6 millones de metros cúbicos al año? Si van a señalar a otros véanse primero ustedes mismos», dijo la legisladora en respuesta al morenista Gabriel García, quien señaló al ex Gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte y al ex Presidente Vicente Fox, como acaparadores de agua.
Previamente, García subió a tribuna con cárteles de lo que llamó «el cártel del agua» y señaló a Duarte y a Fox, quienes acusó de acaparar más de 50 millones de metros cúbicos y tres mil 114 millones de metros cúbicos de agua, respectivamente.
«Esto es lo que está llegando a su fin y eso es lo que están llorando, lo que están bramando, porque vamos por más, porque se trata de que esta nueva Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley general de Aguas va a regresar, va a reivindicar el derecho humano al agua y, ahora, va a ser verdaderamente un patrimonio nacional», afirmó.
Afirmó que la reforma recoge los 80 mil sistemas comunitarios del agua, reconoce actividades agrícolas pecuarias para sustento familiar y garantiza, afirmó, el derecho a la pequeña propiedad.
«A los muy respetables, a los que nos dan de comer, a los productores del campo les decimos: todos sus derechos de la pequeña propiedad, del ejido están garantizados y blindados. Si no es por voluntad de ellos y ellas, no se toca su agua, pero habrá patriotas en su mayoría que van a establecer sistemas de ahorro de agua para que se destine a la gran reserva nacional para el futuro de las nuevas generaciones», afirmó.
Por: Martha Alicia Martínez Paredes