CIUDAD DE MÉXICO. Azotado desde hace más de 20 años por la pugna de grupos criminales, Michoacán ha sido sometido a ensayos en materia de seguridad que no fructifican.
Más militares y cuarteles, nuevas estrategias y promesas… y hasta ahora no se ha logrado pacificar a la entidad.
En la administración de AMLO se enviaron a Michoacán 3 mil 372 militares, en promedio al año; mientras que en lo que va de la gestión de Sheinbaum se han desplegado mil 310.
El panista michoacano y Presidente Felipe Calderón, quien en diciembre de 2006 inició en esa entidad la llamada «Guerra contra el Narco», desplegó en promedio a mil 593 militares cada año; mientras Enrique Peña rompió récord al mandar a 5 mil 29 efectivos, para afrontar el levantamiento de grupos de autodefensas que presuntamente buscaban combatir a «Los Caballeros Templarios» y su líder Servando Gómez, «La Tuta».
En 2014, Peña creó la Comisión para la Seguridad de Michoacán, y designó a Alfredo Castillo, como su representante en esa entidad, con la intención de contener a dichos grupos.
Durante los gobiernos de la 4T se han construido 65 bases mixtas para la operación de fuerzas militares y estatales, 23 de las cuales se ubican en la región de Tierra Caliente, donde en menos de dos semanas fueron ejecutados el líder limonero Bernardo Bravo y el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en medio de una ola incontenible de extorsiones y violencia regional.
Ahora Sheinbaum anunció el «Plan Michoacán por la paz y la justicia», para lo cual desplegará a integrantes de su gabinete en la entidad, quienes junto con autoridades locales buscarán soluciones a los problemas michoacanos.
A un mes del actual gobierno, la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch, reportó haber iniciado un operativo para contener las extorsiones contra productores limoneros.
Pero el crimen y las ejecuciones han continuado.