Zacatecas- Tras varias denuncias de acoso a estudiantes, el Camzac hizo público un pliego petitorio en el que exige la destitución de los docentes denunciados y de los directivos, por omisión; así como garantizar que no habrá represalias académicas o laborales.
También, se pidió una investigación externa de los casos y publicación de los resultados, un acompañamiento “feminista” y auditoría independiente del manejo histórico de denuncias. Además de una capacitación al personal de las escuelas y un compromiso de no repetición.
En cuando a los “docentes señalados”, se precisa que su situación no responde a rumores, sino que se trata de sujetos “que han sido formalmente denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Comité de Ética de la Secretaría de Educación y la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ), con expedientes escritos, relatorías, testimonios y evidencia clasificada”.
OMISIONES Y PETICIONES
“Cuando un director, un subdirector o un área psicopedagógica conoce denuncias, pero calla, archiva, diluye o desaparece buzones completos… esa omisión también vulnera, también lastima y también educa en impunidad.
“Cuando una estudiante ve que su institución permite que un profesor cruce límites, el mensaje es devastador: “tu seguridad importa menos que su poder”, expone el mensaje emitido por el Camzac.
Como parte de ello, se expone que es necesaria una investigación externa para evitar un conflicto de interés ni vínculos con los servidores públicos denunciados.
Esto, además, precisa la necesidad de acompañamiento feminista externo, puesto que se refiere que al interior, particularmente en el área psicopedagógica, se desaparecieron buzones, se difundió información confidencial y se actuó con presunción de culpabilidad hacia las víctimas
Con ello, se exige: “Garantía absoluta de no represalias académicas o laborales, porque hablar dentro de estructuras donde el silencio ha sido la regla requiere valentía y protección”.
AUDITORÍA, VERDAD Y NO REPETICIÓN
Como parte de sus peticiones, el Camzac pide una auditoría independiente sobre el manejo de denuncias, puesto que en este tema llegaron a reportar anomalías: desaparición del buzón del 8M y la falta de actas de apertura o resguardo y el manejo irregular del buzón psicopedagógico, el cual fue entregado sin registro ni canalización institucional.
Aunado a ello, se difundieron indebidamente citatorios “confidenciales” por parte de personal directivo, y “las denuncias verbales que estudiantes y docentes realizaron directamente ante autoridades (Dirección, Subdirección y Psicopedagogía), nunca fueron registradas, documentadas ni atendidas, dejando constancia de un patrón de omisión, silencio institucional y minimización sistemática de la violencia”
También se incluye en sus exigencias la publicación de los resultados de la investigación, “con resguardo de datos personales, para que la ciudadanía conozca la verdad y se detenga el ciclo institucional de encubrimiento”; y capacitación externa obligatoria para todo el personal docente y directivo en ética profesional, límites pedagógicos, prevención de violencia y perspectiva de género.
Finalmente, se pide reconocimiento público del daño institucional y compromiso con medidas de no repetición.
