CIUDAD DE MÉXICO. Tres días después de que advirtiera que no iba a permitir que el Tianguis Limonero de Apatzingán se llenara de intermediarios o ‘coyotes’ controlados por el crimen organizado, el líder agricultor Bernardo Bravo Manríquez fue torturado y asesinado de un balazo en la cabeza en la Tierra Caliente de Michoacán.
El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), quien exhibió extorsiones, omisiones gubernamentales y actuar impune de sicarios en la zona, fue encontrado con el torso desnudo, huellas de tortura y al interior de su camioneta gris en el camino Apatzingán-Tepetates.
A unos cuantos kilómetros del crimen, en el Tianguis Limonero que recorría cada semana, estaban sus colegas y conocidos, aquellos a los que les pidió en los últimos días no cesar en sus protestas para mejorar los precios del producto.
«Vamos a tener comunicación, directamente, con los empaques. ¿Por qué razón? El lunes (ayer) no vamos a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él», advirtió en un video el 16 de octubre.
Días antes, entre el 10 y 14 de octubre, no sólo lideró el exigir facilidades de crédito y tasas preferenciales para reactivar el campo; o que el limón sólo se cortara lunes, miércoles y viernes para proteger la cosecha y mano de obra; sino también encabezó una protesta desde el tianguis hasta el centro de Apatzingán.
«Le pedimos de manera enérgica, firme, pero también respetuosa a la Presidenta (Claudia Sheinbaum) que escuche que el campo está quebrado y en crisis y ¿qué necesitamos? pues dinero para poder seguir trabajando adelante», urgió el 14 de octubre Bravo Manríquez.
«Estamos trabajando en conjunto con los empaques, para tener buenos acuerdos y no tener esos intermediarios que están haciendo mucho daño a los productores», añadió tres días después en otra queja.
En la región, donde grupos criminales como Los Viagras, Blancos de Troya o una célula del CJNG siguen impactando con sus extorsiones al sector, apenas en febrero pasado el Gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla inauguró un cuartel militar con una inversión de 13 millones de pesos.
Las instalaciones formaron parte de un acuerdo con la Asociación presidida por Bravo Manríquez, quien había exigido esta vigilancia ante la ola criminal.
«Quieren imponer a su gente», dijo a Grupo REFORMA en entrevista quien lideraba a mil 800 productores no sólo de Apatzingán, sino de Buenavista, Parácuaro, Aguililla, Tepalcatepec y Múgica.
«Quieren la imposición y tener el control ahora, dar órdenes de ésto, de pedir, cobrar, de todo; el tema de amenazas es mayúsculo».
Rolando Herrera
Agencia Reforma