JUAN ALDAMA. El Cabildo cumplió su primer año en medio de una “crisis política” por un quebrantamiento al interior encabezado por dos grupos: uno comandado por la alcaldesa María Griselda Romero Zúñiga y dos de sus regidores, Silverio Missael Espinoza Sandoval y Miguel Soto Fraire, y otro conformado por los nueve integrantes restantes.
Los regidores advirtieron que a partir de este mes “el Cabildo se acaba de fraccionar de manera irremediable, ya que los motivos son muy graves por el trato que la presidenta municipal ha tenido con nosotros: ocho regidores y el síndico”.
Explicaron que la alcaldesa morenista los desconoce y les niega el trato que merecen como parte del ayuntamiento, la máxima autoridad. “Ahora somos nueve contra tres”.
Agregaron que Romero Zúñiga determinó no darles participación en las iniciativas y se dirige a ellos con expresiones como “a esos no los necesito para nada”, e incluso reprende a los servidores públicos que los saludan.
PIDEN TRANSPARENCIA
Los funcionarios locales detallaron que el grupo que “se unió a favor del Municipio” lo integran tres regidores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), así como a tres más de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el síndico.
Detallaron que decidieron agruparse luego de no haber sido convocados en agosto para una sesión ordinaria, a lo cual están obligados de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio.
Posteriormente, ellos convocaron al pleno el 4 de septiembre para tratar un único punto, que ya fue autorizado: a partir de septiembre se transmitirá “mediante redes sociales y videograbación las sesiones ordinarias y extraordinarias del honorable ayuntamiento”.
Sobre esto último, los regidores aseguraron que ya dieron parte del acuerdo a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
A dicha reunión, revelaron, ni la presidenta municipal ni los regidores se presentaron. Por ello, enfatizaron que se irán contando sus faltas.
OBRAS SIN AUTORIZACIÓN
Los regidores advirtieron que Romero Zúñiga se tomó el derecho, aunque no legal, de entregar programas o arrancar obras sin la previa autorización del Cabildo, es decir, primero aplica o ejecuta las iniciativas y después pide su aprobación.
Reiteraron que lo más preocupante es que la alcaldesa ejerce los recursos sin antes dar conocimiento de ello al pleno. “Hasta ahora ha sido: ‘autorícenme que ya entregué’”.
Ante esta situación, comentaron que quieren evitar problemas legales, por lo que pedirán que en adelante se haga todo conforme al procedimiento correspondiente.
Por ello, aseguraron que pelearán para que las acciones se hagan de manera legal: “Si el trato político no lo quiere tener [la alcaldesa], por el momento sí vamos a exigir que se hagan las cosas en apego a Derecho”.