Por el peligro que representan, el gobierno del estado buscará derrumbar más de las denominadas “glorietas de la muerte”, como ya se hizo con la de Vetagrande, informó el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo.
“El principal factor de identificación de estas glorietas es que están construidas al centro de vías de comunicación de alta velocidad. El puro hecho de colocar un obstáculo al centro de una vialidad de alta velocidad ya es peligroso”, argumentó.
Aclaró que la intención no es demoler todas las rotondas sino solamente las que representan un mayor riesgo para los conductores. “Estamos analizando las más peligrosas. Habría que analizar las que más denuncias han recibido”.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ejemplificó la que se construyó en Guadalupe, la que no constituye algún riesgo ni inconveniente, caso contrario son las de Calera de Víctor Rosales y Enrique Estrada, que registran el mayor número de quejas.
Precisó que en estas glorietas, construidas durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes, no hay señalética ni planeación adecuada, por lo que insistió en que representan un peligro.
“DEFIENDE ACTOS DE CORRUPCIÓN”
Ante los comentarios del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, quien cuestionó el derrumbe de la glorieta de Vetagrande, González Romo respondió: “[el priísta] tiene un sesgo, está defendiendo actos de corrupción a diestra y siniestra. Se atreve a defender el enriquecimiento inexplicable del ex gobernador Miguel Alonso”.
Cabe recordar que el 12 de agosto, Peña Badillo acusó que la demolición en Vetagrande se justificó con un supuesto oficio de autorización por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), una dependencia federal, cuando la vía en donde está la rotonda es estatal. Al respecto, Ernesto González reconoció que no habría revisado este tema.
UN DESFALCO
Según el titular de la SFP, en su etapa como diputado, “las glorietas de la muerte” en los 58 municipios generaron un desfalco de más de 78 millones de pesos. El morenista refería que cada una debía costar medio millón, pero se terminaron facturando 1.9 millones por unidad.
“Esos centros cívicos, que se supone deberían significar una conmemoración por el Centenario de la Toma de Zacatecas, para lo único que sirvieron fue para poner en riesgo la vida de los ciudadanos”, expuso en una iniciativa pasada.