CIUDAD DE MÉXICO. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propondrá al Tribunal Electoral declarar la nulidad de la elección de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el uso sistemático de acordeones, considerada propaganda prohibida
En un proyecto dado a conocer este jueves, el magistrado, que forma parte de la minoría del Tribunal que desde hace tiempo está divido en dos grupos, señala que quedó acreditado el uso sistemático y generalizado de acordeones, los cuales beneficiaron indebidamente ciertas candidaturas.
El documento que deberá ser discutido y votado por el pleno, indica que lo anterior actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que rigen la materia electoral.
«Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara la nulidad de la elección de Ministras y Ministros de la Suprema Corte por la existencia de una estrategia de distribución sistemática y generalizada de guías de votación («acordeones») que constituyeron propaganda electoral prohibida, lo cual benefició indebidamente a diversas candidaturas e impactó de manera determinante en los resultados electorales», plantea el documento.
Según el proyecto, el uso de acordeones estaba permitido siempre y cuando fuera elaborado y utilizado por una persona para su uso individual y discreto ante la complejidad de la elección judicial; sin embargo, estaba prohibida la difusión y exposición de estos materiales con el fin de direccionar el sentido del voto de la ciudadanía.
El magistrado sostiene en su propuesta que los acordeones existieron en el marco de la elección judicial y pruebas de ello son la medida cautelar emitida por el INE para su distribución a nivel nacional, la cual fue revisada por la Sala Superior del tribunal.
«Esto ya implica un acto de autoridad que reconoció, a partir de un análisis preliminar, que estos documentos se estaban circulando y distribuyendo», advierte.
Agregó que también se registraron diversos procedimientos especiales sancionadores y de fiscalización en los que se investigó la existencia, circulación y distribución de acordeones y aunque las candidaturas que aparecían en estos se deslindaron de su autoría, hicieron referencia a otros para desmarcarse.
Además, señala el proyecto, se promovieron 156 medios de impugnación donde se hizo referencia de la existencia, circulación o distribución de estos documentos en 23 entidades.
Se contaron también, indica el documento, con pruebas físicas consistentes en 3 mil 188 acordeones impresos y 374 imágenes, videos, audios y enlaces a internet que conducen a materia visual, publicaciones en redes sociales y notas periodísticas.
Aunado a ello, sostiene, existe una plena coincidencia entre las candidaturas que aparecieron en los materiales y las que ganaron u obtuvieron mayores votos, lo cual también genera un indicio fuerte sobre su grado de influencia.
«Esa situación ya acredita que hubo una estrategia organizada de distribución de acordeones que constituyeron propaganda electoral prohibida y, por lo tanto, implicó la existencia de un esquema de financiamiento prohibido que benefició a las candidaturas, quienes eran las únicas que podían emitir y pagar limitadamente por su propia propaganda, pues el propio diseño de la elección judicial prohíbe la injerencia de agentes políticos, públicos y sociales con la capacidad estructural de influir en la elección», indica.
Además de declarar la nulidad de la elección de Ministras y Ministros, el proyecto plantea revocar el acuerdo del Consejo General del INE y ordenarle al Senado de la República que convoque a la celebración de una elección extraordinaria de Ministras y Ministros, así como a resolver la forma en la que deberá integrarse y funcionar la Corte en tanto se celebran los nuevos comicios.
La propuesta del Rodríguez Mondragón, que vincula al Congreso de la Unión y al INE, declara también la existencia de una omisión legislativa en materia de regulación de la elección de personas juzgadoras mediante el voto popular, por lo que solicita la expedición de la normativa que estime pertinente para garantizar que la elección extraordinaria de Ministras y Ministros, así como los subsecuentes procesos para la elección de personas juzgadoras, cumplan con los estándares democráticos y con los principios de certeza, legalidad e independencia.