MADRID. El Gobierno de Brasil ha pedido este lunes a las autoridades de Estados Unidos que reconsideren la apertura de una investigación sobre las prácticas comerciales de país iberoamericano, una decisión que Washington anunció a mediados de julio tras imponer aranceles del 50 por ciento a Brasilia, en lo que las autoridades brasileñas consideran como alegatos «improcedentes».
El Ministerio de Exteriores brasileño ha hecho esta solicitud en un informe enviado este lunes al Departamento del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que «prueba que las políticas brasileñas investigadas son transparentes, no discriminatorias y cumplen plenamente con las mejores prácticas internacionales y las obligaciones del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)».
Por ello, la cartera diplomática brasileña ha instado a las autoridades estadounidenses a que opten por el diálogo: «Brasil sigue abierto a las consultas y reafirma su compromiso de resolver las preocupaciones comerciales a través de medios cooperativos y legales».
Con todo, el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva ha reiterado que no reconoce «la validez o jurisdicción» de una acción emprendida por la Administración de Donald Trump al margen de la OMC.
El Gobierno estadounidense anunció a mediados de julio la apertura de una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil para determinar si éstas restringen injustamente las exportaciones estadounidenses al país sudamericano en seis ámbitos: comercio digital, aranceles preferenciales injustos, aplicación de leyes anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, compraventa de etanol y deforestación ilegal.
La USTR alega, entre otras cosas, que «Brasil puede socavar la competitividad de las empresas estadounidenses que operan en estos sectores, por ejemplo, tomando represalias contra ellas por no censurar el discurso político», en referencia a la resolución de finales de junio del Tribunal Supremo del país sudamericano, que responsabiliza a las plataformas de redes sociales por las publicaciones ilegales que realicen sus usuarios.
Por otra parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, adscrita al Departamento de Estado, ha señalado al magistrado del máximo órgano judicial Alexandre de Moraes –que ha impuesto limitaciones a la actividad de plataformas sociales estadounidenses en el país latinoamericano y es además el relator del caso contra el exmandatario Jair Bolsonaro por golpe de Estado–, afirmando que «es tóxico para todas las empresas y personas legítimas que buscan acceder a Estados Unidos y sus mercados».
En un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, el organismo estadounidense ha defendido además que «ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones estadounidenses ni eximir a nadie de las graves consecuencias de violarlas» y ha advertido que «los no estadounidenses deben actuar con cuidado: quienes brindan apoyo material a violadores de los Derechos Humanos enfrentan riesgos de sanciones».