FRESNILLO. Tres familias de personas desaparecidas en Fresnillo perdieron sus viviendas por no tramitar la declaratoria de ausencia, un procedimiento legal que protege el patrimonio de quienes atraviesan esta situación.
Leticia Castañeda Cruz, directora de Atención a Víctimas Indirectas de Personas Desaparecidas en Fresnillo, expuso que a pesar de que se brindó atención a estas familias, los procesos judiciales llegaron demasiado tarde y esto derivó en el embargo de sus propiedades.
En ese sentido, reiteró el llamado a los familiares de desaparecidos a acercarse a la dependencia para recibir orientación sobre este recurso legal.
DECLARATORIA DE AUSENCIA
La funcionaria local recordó que la declaración especial de ausencia es un procedimiento ante un juez de lo familiar, cuyo objetivo es preservar la personalidad jurídica de la persona desaparecida.
“Esta declaratoria permite suspender temporalmente deudas, embargos o el cobro de hipotecas, hasta que se determine la presunción de muerte o se logre localizar con vida a la persona desaparecida. Es una medida de protección que evita que las familias pierdan su patrimonio en medio de la incertidumbre”, explicó.
Aclaró que, pese a que ya se hayan hecho los embargos, existe la posibilidad de que un juez ordene la devolución de los bienes, siempre y cuando se tramite la declaratoria de ausencia.
“Las instituciones financieras tienen la facultad de regresar lo que se haya quitado, pero es necesario un proceso judicial que lo respalde”, expuso.
De acuerdo con la directora, este trámite es fundamental para que las familias puedan reclamar prestaciones laborales, pensiones, ahorros en Afores, así como detener procesos judiciales relacionados con créditos hipotecarios o préstamos financieros.
AVANCES EN SOLICITUDES
En lo que va del año, la Dirección de Atención a Víctimas ha elaborado 18 solicitudes de declaratoria de ausencia, mismas que ya fueron ingresadas ante el Juzgado Familiar. Sin embargo, hasta ahora ninguna ha recibido sentencia favorable, pues los procesos suelen tardar de tres a seis meses.
“Tenemos la esperanza de que en los próximos meses empiecen a salir las primeras sentencias, lo que permitirá a las familias reclamar el patrimonio de sus seres queridos desaparecidos”, puntualizó Castañeda Cruz.
Precisó que los primeros dictámenes podrían emitirse entre noviembre y diciembre de este año, a fin de suspender embargos y procesos judiciales contra los familiares de personas desaparecidas.
Al respecto, subrayó que si bien la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) actúa como representante legal en muchos casos, la dirección que encabeza da seguimiento administrativo y jurídico, acompañando a los familiares durante todo el procedimiento.
RIESGO DE DESALOJOS
Uno de los principales problemas que enfrentan las familias de personas desaparecidas es el riesgo de perder sus viviendas cuando están sujetas a créditos hipotecarios, ya que el titular es la persona desaparecida.
La funcionaria reconoció un caso de una familia que compartía vivienda con su ser querido desaparecido, titular del crédito. “En estos casos, los despachos jurídicos de las instituciones financieras ya han iniciado procesos de cobro, lo que implica el riesgo de desalojo. Sin embargo, con la declaratoria de ausencia, esas deudas se vuelven inexigibles hasta que se resuelva la situación de la persona desaparecida”.
También se han detectado casos relacionados con bienes en casas de empeño o préstamos financieros. “Si la persona desaparecida empeñó un objeto, la familia no puede recuperarlo porque no está el titular.
“Lo mismo ocurre con deudas en financieras o bancos: si no se presenta la declaratoria, los cobros siguen avanzando, incluso con amenazas de embargo”, lamentó.
APOYO A LAS FAMILIAS
Castañeda Cruz reconoció que existe un gran desconocimiento entre la población sobre este procedimiento legal, lo que provoca que muchas familias enfrenten consecuencias sin saber que pueden evitarlas.
“Invitamos a todos los familiares de personas desaparecidas que estén en esta situación a que se acerquen a nuestra oficina. Estamos para orientarlos y acompañarlos en el trámite, para que no se repitan más casos de pérdida de viviendas o deudas imposibles de pagar”, enfatizó.
ESPERANZA EN LA JUSTICIA
Aunque los avances han sido lentos, la titular de la Dirección confió en que los próximos meses sean determinantes para consolidar las primeras sentencias y así ofrecer resultados concretos a las familias.
“Estamos conscientes de que es un proceso largo y doloroso, pero es la vía legal que permite a las familias conservar lo poco o mucho que tienen. La declaratoria de ausencia no solo es un trámite jurídico, es también un acto de justicia y de dignidad hacia quienes hoy no están con nosotros”, precisó.
ESPOSAS BUSCADORAS
Gloria Rodríguez, originaria de Guanajuato y radicada en Fresnillo desde hace ocho años, recordó el día en que la vida le cambió para siempre. El 4 de enero de este año viajaba con su esposo a su domicilio en una colonia de la zona norte, cuando fueron detenidos en un retén de un grupo armado.
“Nos revisaron, nos preguntaron a qué nos dedicábamos. Cuando él dijo que era soldador y operador de maquinaria pesada, lo separaron de mí. Me dejaron libre y a él se lo llevaron”, relató con la voz entrecortada.
Tras la desaparición, Gloria buscó apoyo en la empresa donde trabajaba su esposo, pero pronto le cerraron las puertas. “Al principio me decían que me ayudarían, que había que esperar. Luego me dieron la espalda. Para ellos fue como si él nunca hubiera existido”, recordó.
Lo que más le duele, enfatizó, no es solo la indiferencia institucional, sino la falta de empatía social. “Hay gente que nos juzga, que piensa que si desaparecieron fue porque andaban en malos pasos. No saben lo que dicen. Mi esposo es un hombre de trabajo, un padre de familia. Nosotros somos esposas que vivimos una muerte en vida”.
JUANA ESPERANZA: DIEZ AÑOS DE AMOR INTERRUMPIDOS
La historia de Juana Esperanza Pérez Hernández refleja otro rostro del mismo drama. Desde agosto de 2022 no sabe nada de su esposo, José Luis Hernández Palacios, con quien compartió una década de vida y tuvo dos hijos.
“Él era un hombre trabajador, honesto. Íbamos del taller a la casa, de la casa al taller. Teníamos sueños, proyectos. Y de pronto todo se interrumpió. No se vale que nos corten la vida así”, contó entre lágrimas.
Juana enfrenta no solo la ausencia, sino también la carga de sacar adelante sola a sus hijos. “Ellos me preguntan por su papá y yo no sé qué contestar. Les digo que está trabajando lejos, que pronto volverá. Yo tengo fe en que sigue vivo. Mientras no haya una prueba de lo contrario, voy a seguir luchando por encontrarlo con vida”.
Como muchas familias, enfrentan juicios de embargo y trámites legales que parecen interminables. “Los papeles avanzan lento. Mientras tanto, la vida no espera: las cuentas llegan, los hijos crecen y una tiene que ser madre y padre a la vez”.
Ambas coincidieron en que no basta con sufrir la desaparición de sus cónyuges. Encima, enfatizaron, la ley les pide pruebas, trámites, dinero y paciencia infinita.
“Es como si el Estado los desapareciera otra vez. Los trámites son lentos, no existen búsquedas y no sabemos nada de nuestros esposos”, expusieron.
Tanto Gloria como Juana pidieron a la población no ser indiferentes a estos problemas. “No pedimos lástima, pedimos comprensión. Nuestros esposos no eran delincuentes, eran hombres de trabajo. Somos familias que merecemos respeto y apoyo”.