ZACATECAS. Once diputados locales interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial (PJ), aprobada el mes pasado.
Eleuterio Ramos Leal, legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que la inconformidad viene por facultades que se otorgaron al Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial, dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).
Explicó que se oponen a que haya influencia externa “que perjudique tanto los nombramientos como la permanencia, y la actuación del Tribunal Superior y de los funcionarios que integran el Poder Judicial del Estado”.
Esta influencia externa, recalcó Ramos Leal, viene en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), “finalmente la integración de tres integrantes, donde uno lo propone el Poder Ejecutivo y otro el Poder Legislativo, ya corre el riesgo de que las decisiones se tomen apartadas de la realidad o del interés del propio Poder Judicial”.
En el caso del Poder Judicial federal, el Órgano de Administración lo componen cinco integrantes: tres propuestos por el Poder Judicial, otro por el Legislativo y uno más por el Ejecutivo.
“Se ve claramente marcada la diferencia, desde luego el respeto irrestricto a la toma de decisiones del Poder Judicial, y en Zacatecas está completamente diferente. Acá hay mayoría de los externos al propio Poder Judicial, si nos referimos a quien designa el integrante”.
Eleuterio Ramos coincidió en que los temas administrativos corresponden al OAJ, para no distraer a magistrados en la función de dictar sentencias, “pero hay muchas decisiones del orden jurisdiccional que están apartando la decisión al pleno del Tribunal Superior”.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por Ramos Leal, así como Teresa López García, Karla Estrada García, Pedro Martínez Flores y Jesús Badillo Méndez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
También firmaron Isadora Santivañez Ríos, Dayanne Cruz Hernández, Roberto Lamas Alvarado, David González Hernández y Carlos Aurelio Peña Badillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de Renata Ávila Valadez, del Partido del Trabajo (PT).
Eleuterio Ramos reconoció que para interponer este proceso recibieron comentarios de magistrados, funcionarios y activistas jurídicos de la sociedad civil.
Estimó que las controversias tardan más de un año; sin embargo, ante la intención de solucionar los asuntos urgentes en la Suprema Corte, el diputado espera que este sea incluido: “ojalá que se resolviera en breve, antes de que hubiera, incluso, la transición a la nueva integración de ministros”.
Sin firmas de MC
Ni Ana María Romo Fonseca ni Marco Vinicio Flores Guerrero, diputados de Movimiento Ciudadano (MC), firmaron la acción de inconstitucionalidad.
Fuentes de este partido dijeron que ellos estuvieron en contra de dicha reforma, pero ya se tenían cubiertas las 10 firmas requeridas para promover la acción de inconstitucionalidad. La decisión de no signar también se realizó para no ir en acompañamiento con los priístas.
